La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reabriendo un intenso debate sobre el impacto presupuestario de esta decisión. La propuesta, encabezada por Jorge Rodríguez Gómez, busca revertir la reducción aplicada en años recientes mediante cambios en la estructura de las cinco salas principales y la Sala Constitucional. Sin embargo, los cálculos preliminares revelan que esta ampliación generará costos significativos en seguridad, transporte y mantenimiento operativo.
Mantener una Sala Plena de 32 jueces requeriría asignar no menos de 100 escoltas, distribuidos con cuatro custodios por cada magistrado, según las estimaciones disponibles. Adicionalmente, la reforma implicaría una flota cercana a los 45 vehículos tipo camioneta de alta gama: uno para cada magistrado (32 unidades), siete adicionales para integrantes de la Sala Constitucional, y varios más para la presidencia del tribunal. Esta expansión de la seguridad personal representa una de las partidas presupuestarias más onerosas del proyecto, sin contar con el armamento, dotación uniforme y gastos logísticos de cada equipo.
Los costos no se limitan a salarios y seguridad personal. El mantenimiento vehicular, combustible, alimentación del personal de custodia y gastos logísticos asociados constituyen un impacto presupuestario continuo que trasciende los gastos iniciales de implementación. Analistas señalan que la nueva estructura no reflejaría un ahorro para el Estado, sino un incremento sustancial de egresos en rubros operativos, excepto en la reducción relativa de sueldos y pensiones. Este panorama genera cuestionamientos sobre la priorización del gasto público en momentos de austeridad fiscal.
La iniciativa también ha generado críticas por debilidades en el proceso: los diputados omitieron respetar la adscripción de magistrados suplentes a salas específicas, afectando la seguridad jurídica del sistema. Asimismo, existe una arista política: hace años, la presidenta interina Delcy Rodríguez cuestionó públicamente el costo de mantener 32 magistrados, cifra a la cual la reforma intenta retornar. Este cambio de postura reabre el debate sobre las verdaderas motivaciones de la ampliación del máximo tribunal.
Fuente: Infobae — Ver nota original
