La industria pesquera venezolana del cangrejo azul, operativa durante 35 años y centrada exclusivamente en exportaciones hacia Estados Unidos, colapsó abruptamente en enero de 2025. Esta especie marina, apreciada en el mercado estadounidense por su sabor similar al de la langosta y su bajo precio competitivo, representaba una fuente crucial de ingresos para miles de pescadores y trabajadores en las costas del Lago de Maracaibo. La parálisis total de la actividad dejó desempleadas a decenas de miles de personas que dependían directamente de esta cadena productiva.
La causa de este cierre no fue producto de sanciones políticas o conflictos geopolíticos, sino de una regulación ambiental estadounidense aplicada de forma rigurosa. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) implementó una verificación obligatoria basada en la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos (MMPA) de 1972, que requiere que todos los exportadores de productos pesqueros obtengan certificación específica. Esta normativa busca garantizar que los métodos de pesca no afecten a mamíferos marinos como delfines y otros cetáceos en aguas internacionales.
En agosto de 2024, Venezuela fue incluida en una lista de 12 países prohibidos para exportar productos pesqueros a Estados Unidos por no haber completado el proceso de certificación requerido. Según la NOAA, Venezuela, Benín, Irán y Haití ni siquiera presentaron solicitudes para estas evaluaciones, mientras que 89 países lograron la aprobación total y otros 34 obtuvieron autorización parcial. Las empresas venezolanas no cumplieron con los estándares y documentación necesaria para demostrar que sus operaciones de pesca respetaban los protocolos de protección marina establecidos internacionalmente.
El impacto socioeconómico ha sido devastador para las comunidades costeras venezolanas. Antes del cierre, aproximadamente 20 empresas procesaban y transportaban cangrejos azules hacia el mercado estadounidense, generando empleo directo e indirecto para decenas de miles de personas. En enero de 2025, solo dos plantas procesadoras permanecían abiertas en San Francisco, a orillas del Lago de Maracaibo, operando a capacidad mínima. Según declaraciones de representantes del sector, la industria necesita encontrar nuevos mercados internacionales o esperar cambios en la regulación estadounidense para reactivarse, pero las perspectivas a corto plazo resultan poco prometedoras para los trabajadores afectados.
Fuente: BBC Mundo — Ver nota original
