En una nueva audiencia del caso PDVSA-Cripto, Tareck El Aissami denunció durante su declaración una red de corrupción que involucraría a destacadas figuras cercanas al chavismo, según confirmó el exfiscal Zair Mundaray. Entre los nombres mencionados figuran Carlos Erik Malpica Flores, el exfiscal general Tarek William Saab y varios fiscales que han participado en la investigación. El Ministerio Público fue representado en la audiencia por la fiscal Airam Molina, de la Fiscalía 84 Nacional, luego de que el fiscal Eddy Rodríguez fuera apartado temporalmente del proceso tras recusaciones presentadas por las partes.
Durante su declaración, El Aissami abordó los casos conocidos como "Atlantic I" y "Atlantic II", presuntamente relacionados con operaciones financieras irregulares en las que se otorgaban préstamos a PDVSA en bolívares para posteriormente cobrarlos en dólares. El exfiscal Mundaray calificó esta estructura como "un verdadero desfalco" y señaló que también fueron mencionados familiares de William Saab con negocios en el estado Anzoátegui. Esta trama representa una de las mayores operaciones de corrupción que ha afectado al régimen chavista en los últimos años.
Mundaray también denunció graves irregularidades procesales dentro del expediente judicial, revelando que desde la realización de la audiencia preliminar no existen firmas válidas en las actas ni en las decisiones del juez de control, los defensores públicos ni los imputados. Esta situación provocó que las partes solicitaran de manera unánime la nulidad de todo lo actuado en el caso. El exfiscal cuestionó directamente al juez Carlos Liendo, sugiriendo que la ausencia de firmas pudo haber sido deliberada para generar futuras nulidades dentro del proceso judicial.
Las partes involucradas en el caso solicitaron además la presencia de prensa internacional en futuras audiencias del PDVSA-Cripto, buscando garantizar transparencia en los procedimientos. El caso continúa siendo una de las tramas más complejas de corrupción vinculada con criptomonedas, operaciones petroleras paralelas y cuantiosas pérdidas para la empresa estatal petrolera venezolana. La solicitud de observadores internacionales refleja las preocupaciones sobre la integridad del proceso judicial.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
