Edmundo González Urrutia, reconocido por la Plataforma Unitaria como presidente electo tras las elecciones del 28 de julio de 2024, se pronunció este jueves sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero, ocurrida bajo custodia del régimen chavista. A través de su cuenta oficial en la red social X, González condenó el caso y lo calificó como una grave violación de derechos humanos. El líder opositor denunció que la familia del detenido no fue informada a tiempo sobre su fallecimiento, lo que constituye un acto inaceptable por parte del Estado.
Según la denuncia de González, Víctor Hugo fue arrestado el 3 de enero de 2025 y falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo, permaneciendo nueve meses sin que su familia fuera notificada de su muerte. Su madre, Carmen Teresa, buscó información sobre su hijo durante meses sin obtener respuestas del régimen. El cuerpo fue enterrado sin notificación previa a los familiares, lo que González caracterizó como un acto de "desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido".
El pronunciamiento del líder opositor cuestiona fuertemente el manejo de los casos de detenidos bajo custodia estatal, señalando la inexistencia de justificación legal o institucional para el sufrimiento prolongado de las familias que buscan a sus seres queridos. González afirmó que "no hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos". Su mensaje enfatiza la urgencia de esclarecer qué sucedió realmente con el detenido y por qué se mantuvo a la familia en la incertidumbre.
González insistió en que el Estado venezolano debe rendir cuentas y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para todas las víctimas del régimen. El pronunciamiento representa un llamado directo a las instituciones internacionales de derechos humanos para que investiguen este caso y otros similares. La exigencia del presidente electo opositor busca que se establezcan responsabilidades y se implemente un protocolo que proteja los derechos fundamentales de los detenidos y sus familias.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
