Los recientes reportes sobre operativos militares contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, que incluirían el uso de drones y cooperación de inteligencia extranjera, marcan un punto de inflexión en la dinámica de seguridad de la frontera colombo-venezolana. Así lo expresó el investigador de la Universidad del Rosario, Jorge Mantilla, durante un análisis sobre la situación en la región.
Mantilla señala que estos hechos no responden a una política de Estado coherente, sino a una compleja disputa por el control de economías ilícitas y minerales críticos, en medio de un abandono humanitario sistémico. Estos operativos exponen la fragilidad de los acuerdos existentes entre el Estado venezolano y la guerrilla, revelando tensiones profundas en la estructura de poder.
Contrario a la narrativa de una alianza monolítica entre Caracas y la guerrilla, el experto sostiene que la relación entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional se ha negociado históricamente a nivel de mandos medios y protectorados regionales como los reportados en Apure y Táchira. Esta configuración descentralizada ha permitido que diversos actores mantengan influencia territorial de manera paralela.
Estos arreglos permitieron al ELN actuar como una autoridad de facto en la frontera, controlando trochas, cobrando impuestos al contrabando de gasolina, ganado y alimentos, e incluso validando permisos migratorios tras el cierre de la frontera en 2015. La guerrilla estableció un sistema de regulación que penetró profundamente en las estructuras locales.
El ELN ha trascendido su rol tradicional como grupo armado. Se ha convertido en un intermediador que absorbe capital y se mezcla con el poder comunal, los colectivos y las economías locales, consolidando una presencia que va más allá de la confrontación militar tradicional.
Esta transformación del ELN en actor económico y político complica significativamente el panorama de seguridad fronterizo. La disputa por minerales críticos, recursos ilícitos y el control territorial se entrelaza con estructuras de poder local, creando una realidad donde los límites entre seguridad, economía y política resultan cada vez más difusos.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
