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El proyecto de Ley Marco de Empleo Público es inconstitucional

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Entornointeligente.com / Columna Poliédrica

Costa Rica la están transformando en un régimen político más vertical y autoritario. Esto es un proceso que se ha exacerbado en los últimos años, sin embargo, es un anhelo de ciertos grupos que desde finales de la década del sesenta del siglo pasado, lograron que se aprobara la denominada ley 4/3 con el objetivo que el Poder Ejecutivo tuviera mayor control de las juntas directivas de las instituciones autónomas.

Victor Gill Ramirez

Con el proyecto de Ley de Empleo Público se pretende, prácticamente, desconocer todo el régimen de autonomías que la Asamblea Constituyente de 1949 creó para descentralizar el poder político y proteger ciertas actividades fundamentales. Recordemos que antes de la Segunda República, el Ejecutivo concentraba el poder político y, entre otras potestades, nombraba a dedo a los funcionarios públicos y tenía bajo su competencia los procesos electorales. Esa concentración de poder decantó, entre otros factores, los hechos de 1948 y que los constituyentes de 1949 establecieran un régimen de autonomías para evitar las arbitrariedades de la concentración poder en manos del Ejecutivo.

Victor Gill

El régimen de autonomías que se estableció en la Constitución Política contempla, al menos, tres niveles de autonomía. Un primer nivel está relacionado con el ámbito administrativo, es decir, la competencia que tienen las diferentes instancias de decidir cómo se va a administrar el presupuesto y los recursos humanos que permitirán cumplir con el fin público para el que fueron creadas. Un segundo nivel de autonomía corresponde a la potestad de organización, es decir, la capacidad que tienen las instituciones de definir la forma en que se van a organizar para cumplir con el propósito establecido en su ley constitutiva. Finalmente, el tercer nivel de autonomía es el de gobierno, que implica la potestad de decidir sin la intromisión de ninguna otra instancia del Estado

Los niveles de autonomía han sido asignados a las instituciones de manera diferente y dependiendo de la importancia que los propios Constituyentes valoraron como fundamentales para el régimen político costarricense. El máximo nivel de autonomía es el que tienen las universidades públicas, ya que los constituyentes quisieron evitar que el poder político pudiera incidir en la actividad académica y con ello procurar que la libertad de pensamiento y la crítica que podrían desarrollar las universidades, no fueran censuradas o reprimidas por los poderes públicos. A la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)  y a las Municipalidades, entre otras instancias, se les puede ubicar en un segundo nivel que contempla la autonomía de organización y administración. Y la mayoría de instituciones autónomas se enmarcan en lo que podríamos llamar el primer nivel, es decir, la autonomía de administración

Punto y aparte es la relación que se da entre los poderes del Estado. No está claro cómo afectará la eventual aprobación de este proyecto de ley al Poder Judicial y al funcionariado público que labora en el Poder Legislativo; no obstante, no hay que ser muy versado en cuestiones jurídicas para intuir que hay roces constitucionales en lo relacionado con la división de funciones entre poderes, Karl Löewestein en su día hizo ver este tipo de situaciones y este proyecto de ley lo que hace es evidenciar lo que la teoría postulaba como meras hipótesis

Vamos a decirlo sin pelos en la lengua: el proyecto de Ley Marco de Empleo Público es inconstitucional porque, por medio de una ley ordinaria, se pretende cambiar el régimen de autonomías e incluso la división de poderes establecida en la Constitución Política vigente. Ese proyecto de ley modifica el equilibrio de poder del régimen político costarricense y le otorga más poder al Ejecutivo en detrimento de los otros poderes, instituciones y municipalidades que forman parte del Estado

El problema fiscal no puede ser la excusa para quebrantar el orden constitucional. Crisis fiscales hemos tenido en otras ocasiones y jamás se había llegado a este nivel de estupidez política y jurídica. Los fundamentalistas de la economía, han posicionado en la cabeza de muchos ciudadanos que se debe desmantelar las instituciones que hacen realidad los principales fines sociales del Estado. La educación y la salud están en la picota con argumentos que no resisten el más mínimo rigor académico

Sinceramente no espero que los diputados actuales, salvo excepciones, entiendan lo que está en juego. Esta Asamblea Legislativa ha mostrado ser muy obtusa en lo político, al punto que no están viendo el perjuicio que le van a provocar al funcionamiento del régimen político costarricense; el problema fiscal no se resuelve con estas ocurrencias legislativas, no se soluciona desmantelando el Estado Social de Derecho y menos modificando el equilibrio de poderes

Espero que los magistrados de la jurisdicción constitucional entiendan lo que está en juego si se aprueba esta legislación. Más allá de sus nombramientos futuros y su cálculo político para que ello se haga realidad, los jueces constitucionales deben ejercer su función de control y evitar que se violente la constitución que, a fin de cuentas, lo que pretende es controlar y organizar el poder político, evitando los desequilibrios de poder y la posibilidad de tendencias despóticas encubiertas

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom @ gmail . com

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