Diputados elevan hasta 16 años de cárcel las penas por robo y comercio ilegal de ganado - EntornoInteligente
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Los diputados aprobaron este martes, en su votación definitiva, una iniciativa legal que eleva las penas por robo, destace y comercialización ilegal de ganado, con el objetivo de combatir el incremento de estas actividades delictivas en el país.

El proyecto tuvo el apoyo de 44 diputados, mientras que solo uno votó en contra, el frenteamplista José María Villalta.

Según los proponentes del plan, los socialcristianos Erwen Masís, María Inés Solís y Rodolfo Peña, la idea es mejorar el combate del robo y el destace de ganado, además de intentar resolver los problemas que la ley actual les genera a las autoridades administrativas y judiciales para combatir a los cuatreros.

La iniciativa mantiene la pena de cárcel para quienes hurten y destacen el ganado, de dos a 12 años, pero las eleva un tercio, hasta 16 años, para quienes, teniendo conocimiento del delito, vendan, distribuyan o comercialicen la carne producto de ese hurto o destace ilegal.

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La pena para quienes movilicen ganado bovino, de forma dolosa sin la guía oficial de movilización, aumentaría. Hoy, esa pena va de los ocho meses a los tres años; la nueva sanción iría de los ocho meses a los cuatro años.

La misma penalización se aplicará a quienes movilicen productos o subproductos de ganado sin contar con la factura o los sellos impresos establecidos por la ley.

Finalmente, se eleva la pena para quienes reciban, adquieran o negocien ganado previamente movilizado sin la guía de movilización. Esa pena será de entre un año y cuatro años, mientras que hoy va de los ocho meses a los tres años.

Igualmente, se penalizarán de esa forma al propietario o encargado de un establecimiento mercantil que reciba, adquiera o negocie productos o subproductos de ganado que no cuenten con la factura comercial, incluso para quien lo hagan fuera de los establecimientos mercantiles autorizados legalmente.

Según los socialcristianos, la nueva ley da mejores herramientas y adecúa las penas para que las autoridades judiciales puedan actuar y “no queden impunes los delitos”.

“Estamos protegiendo la salud de las personas, al sancionar de manera rigurosa la venta, comercialización y distribución de productos que no cuentan con las debidas condiciones de salubridad, pues el consumo de los mismos podría desencadenar la propagación de enfermedades”, dijo María Inés Solís.

El oficialista Luis Ramón Carranza, también de San Carlos como Solís, enfatizó que los cantones más afectados están en la región Huetar Norte, donde está su cantón, además de Guatuso, Los Chiles, Upala, Sarapiquí, Río Cuarto.

También, dijo que los pequeños ganaderos son los más afectados, así como las familias que “tienen una vaquita para darles leche a sus hijos e hijas y, al amanecer, solo ven los restos del animal”.

De hecho, Carranza reveló que su compañero de fracción, Enrique Sánchez, le manifestó dudas sobre endurecer las penas de cárcel, pero el sancarleño alegó que deben endurecerse para ser disuasorias.

De acuerdo con Erwen Masís, también de la Unidad, no hay otra manera de desestimular la actividad. No obstante, indicó que “estamos logrando que la gente que no solo destaza, sino que también transporta y recibe carne ilegal” tenga penas más altas.

José María Villalta, del Frente Amplio, votó en contra porque alegó que subir las penas no es la solución al abandono del sector agropecuario y la crisis de los productores pecuarios, así como la competencia desleal y la falta de estímulos para la producción.

Según el frenteamplista, ya hace varios años se aprobó un aumento de las penas de prisión para este tipo de delitos y no ha solucionado nada para el sector agropecuario.

Villalta enfatizó que las penas que ya existen para los delitos de hurto y destace ya son más altas que para otros delitos similares y no han logrado desincentivar esa actividad.

De acuerdo con datos publicados por La Nación , en marzo de este año, el robo de ganado genera pérdidas de hasta ¢3.600 millones por año en las zonas rurales del país.

De hecho, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta que, por día, nueve animales son robados o destazados.

El OIJ reportó que, entre enero del 2007 y noviembre del 2018, se reportaron 37.427 cabezas de ganado robadas o destazadas, o sea, 262 bovinos, equinos y cerdos al mes.

El sector más golpeado es el de los bovinos, que representan el 85% de los animales robados.

Aunque en el 2017 se reportaron 2.366 reses robadas o destazadas, con un valor promedio de ¢400.000 por cabeza, el OIJ estima que los casos llegan al triple, tomando en cuenta los casos que los ganaderos no denuncian.

Aprobado el proyecto de ley, en segundo debate, pasará al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República lo firme y se publique en el diario oficial, La Gaceta.

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