Diosdado Cabello afirmó el lunes 18 de mayo que Alex Saab no posee nacionalidad venezolana, justificando así la decisión de la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez de entregar al empresario a las autoridades estadounidenses el pasado 16 de mayo. Durante una rueda de prensa semanal del Psuv, el dirigente chavista sostuvo que Saab presentó durante años una cédula de identidad venezolana "fraudulenta" sin respaldo alguno en los registros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Según Cabello, una investigación interna del gobierno determinó que no existe expediente alguno que certifique la nacionalidad venezolana del empresario de origen colombiano.
Cabello insistió en que el Ejecutivo tomó la decisión de deportar a Saab por ser un ciudadano extranjero sin documentación legal válida. El vocero chavista alegó que cuando se le preguntó a Saab por su número de cédula, este respondió no recordarlo, un hecho que calificó como evidencia de fraude contra el Estado venezolano. Además, aseguró que las investigaciones han revelado múltiples fraudes no solo en documentación sino en diversas áreas, justificando así la deportación como medida administrativa legítima.
Sin embargo, estas afirmaciones presentan contradicciones evidentes con el registro histórico. Documentación verificable demuestra que el Saime otorgó a Saab al menos dos pasaportes venezolanos en 2015 y 2017, uno de ellos con carácter diplomático. El propio régimen chavista lo promovió públicamente durante años como "enviado especial" de Venezuela en misiones comerciales internacionales. Más aún, el presidente Nicolás Maduro lo designó formalmente como ministro de Industria en octubre de 2024, cargo que únicamente podría ocupar un ciudadano venezolano según la ley.
La entrega de Saab a Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero de 2026 representa un giro político significativo para la administración interina. Saab fue removido de su cargo ministerial antes de ser deportado a Miami, donde actualmente enfrenta nuevos procesos judiciales. Este caso expone las inconsistencias en el discurso oficial y marca un cambio sustancial en la posición del nuevo gobierno respecto a figuras clave del régimen anterior.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
