Detenciones en saunas y discriminación pública: la realidad Lgbtiq+ en Venezuela Los activistas señalan que estas prácticas buscan criminalizar, hostigar y deslegitimar los espacios seguros de la comunidad Lgbtiq Por Efecto Cocuyo | @efectococuyo ● La Humanidad ● 6 junio, 2026 1:46 pm La irrupción policial en un sauna de Barquisimeto, estado Lara, que culminó con la detención de al menos 28 hombres hace una semana, reactivó las alarmas sobre las dinámicas de hostigamiento contra la comunidad Lgbtiq+ en Venezuela. Este procedimiento replica el arresto de otros 33 ciudadanos en un establecimiento similar en Valencia, estado Carabobo, durante 2023; una secuencia que los defensores de derechos humanos no asumen como hechos aislados, sino como una modalidad de violencia constante en el país. Detenidos cinco policías por allanamiento ilegal y extorsión en local LGBTIQ+ en Barquisimeto En el marco del mes del orgullo, el episodio expone la desprotección de los ciudadanos ante un Estado que dilata la aprobación de leyes destinadas a amparar a las personas LGBTIQ+ para evitar la discriminación. Estos hechos muestran formas de violencia cotidianas que padece este sector de la población. Las parejas del mismo sexo enfrentan discriminación en centros comerciales, parques, discotecas y lugares públicos, situaciones de segregación que no experimentan las parejas heterosexuales. Para profundizar sobre la situación de los derechos de la comunidad Lgbtiq en el país, Efecto Cocuyo conversó con Gabriela Buada, coordinadora de Caleidoscopio Humano, y Yandri Velazquez, activista y defensor de derechos humanos, quienes analizaron las fallas institucionales, la ausencia de voluntad política y las consecuencias de la impunidad. Ambos coinciden en que el Estado venezolano incurre en violaciones por acción y por omisión, y exponen cómo las dinámicas de exclusión afectan de manera diferenciada a los sectores populares y cómo los discursos institucionales agudizan la vulnerabilidad de la comunidad. Patrones de persecución policial Gabriela Buada explica que los incidentes de Valencia y Barquisimeto no constituyen hechos aislados de mala praxis por parte de los funcionarios. “Estarían reflejando una tendencia sistemática en cuanto a la repetición de estas redadas en diferentes estados del país, que van acompañados además de denuncias de extorsión, la estigmatización de los espacios de socialización Lgbtiq+, que pudiese determinar que existe una política de persecución institucionalizada”, afirma la coordinadora de Caleidoscopio Humano. Para Buada, este patrón responde a una línea estratégica más amplia dentro de un contexto social específico. La activista señala que dicha línea “busca criminalizar, hostigar y deslegitimar estos espacios seguros para la comunidad Lgbtiq+, en un país machista y patriarcal”. Buada resalta que el proceso con mayores falencias corresponde a la rendición de cuentas y al seguimiento institucional. “Es justamente lo que significa la falta de acción efectiva por parte del Ministerio Público y de los organismos encargados de concluir las investigaciones con sanciones concretas”. La coordinadora de Caleidoscopio Humano explica que la falta de independencia del Poder Judicial genera consecuencias directas sobre las víctimas que tramitan sus denuncias y sostiene que la burocracia excesiva y un sistema volcado a la protección institucional provocan el olvido de los expedientes, por lo que asume la denuncia pública en redes sociales como la herramienta primordial para visibilizar estas vulneraciones. Frente a la sanción de cinco funcionarios policiales por el caso de Barquisimeto, la activista puntualiza que las exigencias de las organizaciones independientes van más allá, ya que demanda la reparación integral para los afectados, la capacitación obligatoria para los cuerpos de seguridad y el cese definitivo de los discursos oficiales que criminalizan a la comunidad bajo el pretexto de resguardar la moral y las buenas costumbres. Exclus
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