Destacan problemas de hacinamiento en la sala de emergencias del Hospital General de Psiquiatría - EntornoInteligente
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Hospital de Psiquiatría. (GFR Media) La sala de emergencias del Hospital General de Psiquiatría enfrenta problemas de hacinamiento, con un exceso de pacientes de 20, según trascendió esta mañana durante una vista ocular de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes .

También surgieron deficiencias en la operación del Hospital de Psiquiatría Forense, en Río Piedras.

Carmen Bonet, directora ejecutiva del Hospital General de Psiquiatría reconoció, a preguntas del presidente de la comisión, el representante Juan Oscar Morales, que la sala tiene capacidad para 26 personas y actualmente dan servicios a 46, provocando que pacientes tengan que dormir sobre colchones tirados en el piso.

“Estamos hacinados en estos momentos”, reconoció la ejecutiva. “Estamos confrontando un problema serio y son los tribunales. Tenemos pacientes de Psiquiatría Forenses por el caso de Jackson vs. Indiana en que les están retirando la regla 241 y el tribunal me obliga, so pena de desacato, a aceptarlos”, dijo Bonet.

La funcionaria se refirió a jurisprudencia federal que dispone que cuando hay una determinación de no procesabilidad permanente de un individuo, el Estado puede dejarlo en la comunidad o iniciar los procedimientos de internación civil, refiriéndose al Hospital de Psiquiatría General. El juez a cargo del caso modifica el procedimiento por el que el individuo fue procesado de la regla 241 de Procedimiento Criminal a la Ley 408 de Salud Mental.

“No puedo decirles que no…”, dijo Bonet. “Tenemos cuatro en espera de traslado de Forense y por no aceptar uno mira lo que me acaba de llegar”, agregó al entregarle a Morales copia de una moción judicial en que se le ordena a la institución a mostrar causa para rechazar el paciente.

“Me llevan al tribunal, me amenazan de meterme presa si no acepto a la persona.  Nos han arrestado el personal si no aceptamos los pacientes”, dijo.

Juan Torres Gluck, administrador auxiliar de Tratamiento de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) explicó que la Sociedad para la Asistencia Legal radicó una querella contra la dependencia gubernamental en la Comisión de Derechos Civiles (CDC) por las condiciones que viven pacientes en los hospitales.

De la querella ante la CDC, sin embargo, han surgido negociaciones entre Assmca y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los fines de que la privatizadora de los servicios médicos del DCR sea considerada una “institución adecuada” para referir casos de imputados de delitos que tienen que ser evaluado psiquiátricamente o ser hospitalizados al no ser procesables.

“Es una alternativa. Pudieran ser atendidos en una institución adecuada del DCR”, dijo Torres Gluck.

Cuando Morales reconoció que la administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes, le había indicado en el 2017 que ella había iniciado conversaciones con la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) para atender este problema, Torres Gluck le comentó que los esfuerzos han sido infructuosos.

“Esto es preocupante por demás”, dijo Morales a la prensa al finalizar la vista. “Quiero saber si estos pacientes están en el sitio adecuado, con el tratamiento adecuado. Están en instalaciones físicas que no son las mejores. Cómo es posible que sean ingresados para mejorar las condiciones, pero, lamentablemente, y no por negligencia del hospital, los acuestan en el piso en un mattress. Hay que tener sensibilidad”, dijo al instar a Roig Fuertes, quien no estuvo presente en la visa, a que insista en su pedido a la OAT.

“No se está tomando en consideración el criterio médico. Este hospital no puede decir cuándo va a dar alta a una persona, tiene que ser el tribunal”, agregó.

¿Se están violando los derechos civiles?, se le preguntó.

“Claro que se están violando. Mientras haya gente en el piso sí”, respondió.

Durante la vista cameral trascendió el grave problema de falta de personal, particularmente en el Hospital de Psiquiatría Forenses, que está operando sin una licencia de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs), adscrita al Departamento de Salud, desde el 2018. Según indicó Doris Borrero Torres, inspectora de Sarafs, desde marzo de este año la institución no somete un solo documento para recuperar la licencia. Indicó, no obstante, que, aunque visitó la institución el 27 de junio y rindió un informe con deficiencia, este no ha sido enviado al hospital.

Borrero Torres aludió a falta de personal, falta de alarma de incendios, falta de recreación y fallas en la planta física.

“Tiene también problemas de personal en enfermería, que es un número significativo”, dijo.

¿Salud es negligente al no ordenar su cierre?, se le preguntó.

“Es un riesgo”, contestó al argumentar que el hospital hubiese sido cerrado de ser uno privado.

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

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