El cautiverio de una joven venezolana en un domicilio de Oviedo, Asturias, fue el punto de partida para desmantelar una trama internacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en España. La investigación, denominada Operación Cherry, se inició el 10 de abril tras la alerta de un ciudadano sobre la posible retención ilegal de una mujer. Los agentes policiales localizaron a la víctima en una vivienda donde permanecía bajo vigilancia mediante cámaras de seguridad y era obligada a prostituirse para saldar una supuesta deuda de 10.000 euros impuesta por la organización delictiva.
La red criminal operaba con un modus operandi claramente estructurado: captaba a mujeres vulnerables en Venezuela bajo falsas promesas de empleo y las trasladaba posteriormente a España para explotarlas sexualmente. En la primera fase de la operación fue detenida una mujer brasileña encargada de controlar directamente a la joven cautiva en el domicilio. Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud del caso, llevando a las autoridades españolas a solicitar colaboración internacional con Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y las autoridades de Chile.
Gracias a esta cooperación transnacional, los investigadores identificaron a los cabecillas de la trama: dos ciudadanos venezolanos considerados altamente peligrosos por sus antecedentes criminales y su tenencia de armas de fuego. Ambos fueron arrestados el 8 de mayo en Ponferrada, Castilla y León, y actualmente se encuentran en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial. El operativo demostró la necesidad de coordinación internacional para combatir estas redes que aprovechan la vulnerabilidad de ciudadanas en países con crisis humanitaria.
En una segunda fase del operativo, y en coordinación con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, fueron detenidas otras dos mujeres venezolanas responsables del traslado, alojamiento y control de las víctimas en territorio español. Esta operación representa un avance significativo en la lucha contra la trata de personas, demostrando cómo la alerta ciudadana y la cooperación policial internacional pueden desarticular redes criminales complejas que vulneran derechos humanos fundamentales.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
