El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha autorizado al régimen venezolano a pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos públicos. Esta decisión representa un giro significativo en el caso que enfrenta la pareja tras su captura el pasado 3 de enero en territorio estadounidense. La autorización fue emitida a través de licencias enmendadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), cuya firma corre a cargo del fiscal Jay Clayton.
La autorización viene acompañada de restricciones muy específicas que limitan la capacidad del gobierno venezolano para financiar los gastos legales. En primer lugar, los fondos utilizados deben estar disponibles para el Gobierno de Venezuela únicamente después del 5 de marzo de 2026, lo que significa que recursos obtenidos antes de esa fecha no pueden destinarse a este propósito. Esta restricción temporal busca asegurar que solo se utilicen fondos generados bajo el escrutinio estadounidense después de la detención de Maduro y su esposa.
La segunda condición establece que los pagos autorizados no pueden provenir de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según lo define la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026. Esta limitación es particularmente significativa para Venezuela, ya que excluye los recursos derivados de la venta de petróleo que Estados Unidos controla desde la captura del régimen. El documento oficial, presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein en Manhattan, especifica estas condiciones de manera explícita para evitar cualquier ambigüedad en su implementación.
Esta decisión llega después de que Barry Pollack, abogado de Maduro, solicitara en febrero pasado al tribunal que desestimara el caso argumentando que las sanciones estadounidenses impedían al régimen pagar los honorarios legales. Pollack argumentó que esta prohibición violaba los derechos constitucionales de Maduro a contar con el abogado de su elección. Aunque el juez Hellerstein expresó escepticismo sobre los argumentos presentados durante la audiencia del 26 de marzo, la nueva autorización representa un compromiso que permite mantener la defensa legal mientras se mantienen los controles sobre el origen de los fondos.
Fuente: NTN24 — Ver nota original
