Denuncian que la Cámara de Cuentas «es una amenaza para fondos públicos» - EntornoInteligente
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, tildó de «bajo rendimiento» el que arroja las anteriores y la presente Cámara de Cuentas, «medido por la cantidad, importancia y calidad de las auditorías realizadas», lo que constituye, denunció, «una amenaza para la preservación y correcto uso de los fondos públicos, generados por el pueblo con sus impuestos, tasas y contribuciones».

Las instituciones del Estado a ser auditadas suman alrededor de 1,470. Hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos. En total suman 2,698 instituciones.

Las auditorías finalizadas por la Cámara de Cuentas desde el año 2012 al 2019 «ascendieron a 356, lo que da un promedio de 51 auditorías al año (…); entonces, solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”, contabilizó el movimiento cívico Participación Ciudadana .

«Si se acepta el argumento de la Cámara de Cuentas de que dispone de personal insuficiente para realizar su trabajo, por lo cual se ha fijado la meta en su Plan Anual de Auditoria (PAA) de realizar al menos una auditoria por institución cada cuatro años, entonces el total a realizarse a la fecha ha debido ser de 5,396 (2,698 X2)», se remarca en una nota de prensa de esta instancia no partidista.

Esta no informa si pidió a la Cámara explicaciones adicionales ni las eventuales respuestas recibidas de esta instancia de control.

Prescripción de eventuales delitos

“No se trata solo del limitado número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, sino que los años que cubren tienen un gran retraso», lo que perfila un panorama de prescripción de delitos, sostuvo.

De las 356 auditorías publicadas, 236 (dos terceras partes, 66.29%) corresponden a los ejercicios presupuestarios del período 2006, 2007, 2008 y 2009; es decir de hace diez años.

«Esto puede tener un nefasto efecto para el Estado y la sociedad, consistente en que de haber ocurrido actos de corrupción en algunas de esas 236 instituciones, los responsables pueden alegar la prescripción del delito, al haber transcurrido diez años”, advirtió el Consejo Nacional de PC.

Adicionalmente, añade, «el trabajo de la Cámara de Cuentas se muestra ineficaz también al valorar las propias prioridades que esta se ha fijado en sus planes anuales de auditoria».

Es de conocimiento público, añade, que el peso del gasto público descansa en el gobierno central y en sus ministerios. Sin embargo, «no se conocen de auditorías realizadas a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y de la Administración Pública. Tampoco ha sido persistente con los ministerios que más presupuesto manejan como son Obras Públicas, Salud y Educación», alertó.

Para Participación Ciudadana, «es insólito el caso del Ministerio de Educación que en doce años solo se le ha realizado dos auditorías correspondientes al 2009 y 2010, lo que significa que a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que empezó a entregarse en 2013 no ha sido auditado».

“Al Ministerio de Salud Pública -prosigue- solo se le ha auditado los años 2010 y 2011 y a Obras Públicas las auditorias solo llegan al 2014. Se trata de cientos de miles de millones de pesos que se desconoce de su fiel inversión.  Esto cuestiona la calidad del informe que la Cámara de Cuentas presenta cada año al Congreso Nacional”.

Otro aspecto que llamó la atención a Participación Ciudadana es el trabajo profesional que debe realizar la Cámara de Cuentas.

Al respecto, dijo que «solo ha remitido a la Procuraduría General de la República un total de diez auditorias de instituciones de muy poco peso presupuestario para que se profundice en la investigación penal, lo cual tampoco se ha hecho».

«Resulta insignificante la referida cantidad» de dos dígitos, en relación, advierte, al «nivel de denuncias que se registra en los medios de comunicación y los casos de corrupción que frecuentemente afloran en la opinión pública».

Tampoco se conoce de al menos un caso en se haya obligado a algún funcionario a pagar a la Administración los daños originados por sus acciones negligentes u omisiones.

Esa es una de las prerrogativas legales que le otorga a la Cámara de Cuentas los artículos 46, 47 y 48 de su ley orgánica 10-04, y el artículo 148 de la Constitución de la República, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

La Cámara de Cuentas tampoco está haciendo uso de otra herramienta poderosa para el control externo, que es el control social, definido en el artículo 7.4 de la Ley 10-04, al no crear un reglamento efectivo y de los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general den seguimiento al gasto público.

Por todo lo apuntado, Participación Ciudadana remata con una llamada a la Cámara de Cuentas «a redefinir sus planes de trabajo, sus estrategias, prioridades y todo su accionar, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad».

 

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