Denuncian carpeteo digital a medios de comunicación - EntornoInteligente
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Como parte de una pleito judicial contra estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Justicia (DJ) solicitó en mayo de 2017 obtener información de miles de usuarios que siguen a tres medios de comunicación.

Ante esto, diversos sectores alertaron que podría tratarse de un nuevo episodio de carpeteo digital.

Y es que el pasado 5 de mayo de 2017, el agente Lasalle solicitó una orden de allanamiento contra la red social Facebook para que le entregara información de los medios digitales Diálogo —en ese momento medio oficial de la UPR—, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil . La orden pretendió obtener todos los datos de los suscriptores, dirección de facturación, todo registro de facturas y pagos, dirección de servicio, número de teléfono y cualquier otra información de los seguidores de estas cuentas. La orden también solicitó un registro de las conversaciones que los usuarios hubiesen tenido en el chat de Facebook con el medio, entre el 26 y el 28 de abril de 2017.

La orden judicial —en poder de Metro — surgió a raíz de que el pasado 27 de abril de 2017, un grupo de estudiantes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno para manifestarse en contra del plan fiscal que, en aquel momento, proyectaba un recorte presupuestario de $241 millones. En el intercambio, los estudiantes compelieron a la entonces presidenta de la institución, Nivia Fernández, y al presidente del ente rector, Carlos Pérez, a firmar un documento en oposición a los recortes. En mayo de 2017, el DJ acusó a nueve estudiantes. Dos años después, siete de estos estudiantes aún esperan por juicio pautado para  el próximo mes de noviembre.

Pese a que el juez Rafael Jiménez Rivera otorgó la orden judicial solicitada por el DJ el 5 de mayo de 2017, y Facebook entregó más de mil documentos, los directores de los medios periodísticos nunca recibieron notificación ni del DJ ni de Facebook de que dicha orden había sido solicitada u otorgada.

“Como director interino en funciones en ese momento, confirmo que nunca recibimos ninguna orden de registro del DJ. Tampoco recibimos ningún aviso de Facebook en el que se reportara la entrega de datos privados de Diálogo y de quiénes manejaban, comentaban o compartían el contenido periodístico que se colocaba en esa plataforma”, señaló Víctor Rodríguez Velázquez, exdirector interino de Diálogo entre 2016-2018.

Inclusive, fue el propio Pulso Estudiantil el que dio a conocer  la información el martes en la noche luego de que el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez alertó a los actuales administradores del medio. Ambos medios estudiantiles mostraron preocupación ante la implicación y la peligrosidad de la orden de allanamiento sobre el derecho a la libertad de prensa y al derecho a la intimidad.

“Nosotros vemos esto como una violación a nuestra libertad de prensa y privacidad. Si esto ocurrió con nosotros, le puede suceder a cualquier otro medio”, sentenció la directora de Pulso Estudiantil , Marisol Nazario Bonilla. La periodista añadió que tampoco han sido notificados de la orden de allanamiento del DJ. “Como periodistas, nos preocupa la información divulgada por el medio Pulso Estudiantil respecto a la orden de registro y una posible entrega de datos personales. Exhortamos al Departamento de Justicia a esclarecer la raíz de esta información y revelar su postura respecto a la orden de registro solicitada”, agregó, por su parte, Rodríguez Velázquez en declaraciones escritas.

Gobernadora niega violación a la libertad de prensa

La gobernadora Wanda Vázquez, que para la fecha en cuestión era la secretaria de Justicia, negó que la orden de allanamiento se traduzca en una violación al derecho de libertad de prensa. “No, no puedo entrar en las interioridades de ese caso, porque no tengo a la mano los fundamentos que se hicieron. Lo que sí puedo decir es que si la fiscalía solicitó el desglose de esa información, y el tribunal pasó juicio sobre los fundamentos de la fiscalía y sobre los fundamentos de la defensa. El tribunal ordenó la orden de registro de allanamiento, en derecho procede la orden”, aseguró a preguntas de la prensa en una comparecencia pública.

Por su parte, Dennise Longo, actual secretaria del DJ, rechazó, mediante declaraciones escritas, ofrecer declaraciones bajo el argumento de que se trata de un caso que aún se encuentra ante un juez del Tribunal de Primera Instancia. “Tanto el DJ como el Negociado de la Policía ejercen las potestades de investigar delitos que le han sido conferidos constitucionalmente y por ley en cumplimiento con los requisitos de nuestro ordenamiento jurídico”, se limitó a decir.

En la mira legal

Ante lo que catalogó como un “carpeteo”, Márquez aseguró que presentó la Resolución Conjunta 1545, que busca ordenarle a la Comisión cameral de Seguridad que investigue las políticas y prácticas del Negociado de la Policía y el DJ en torno a las solicitudes de órdenes de allanamiento y registros de información almacenadas electrónicamente.

Agregó que se trata de una afrenta a medios periodísticos alternativos que, de paso,  fueron utilizados para vigilar y “carpetear” a organizaciones.

Hiram Meléndez Juarbe, abogado y presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), dijo que se trata de un carpeteo de una actividad que “hoy día, es mucho más casual, hay más información y eso lo hace mucho más peligroso”. Añadió que es necesario establecer controles rigurosos y protocolos para limitar una amplia vigilancia electrónica por parte del Estado.

La abogada Judith Berkan, quien ha llevado múltiples casos relacionados con la defensa de la libertad de prensa, coincidió en que la investigación legislativa es “más que necesaria porque hay que analizar cómo se va a garantizar la libertad de prensa. Eso es clave, sobre todo, ante el uso de las nuevas tecnologías y la proliferación de los medios electrónicos”.

Además, apunto a que la acción del DJ plantea serias preocupaciones porque el Estado no puede tomar represalias contra las personas por su participación en una huelga ni puede tratar diferente a ninguna institución por el contenido de su publicación.

En torno a las políticas de Facebook y demás redes sociales sobre entregar datos de sus usuarios al Gobierno, el experto en tecnología Obed Borrero, reconoció que “existen zonas grises porque, en algunos casos, Facebook ha accedido (a entregar cuentas) y en otros no”. Destacó que empresas como Facebook, Google y Apple evitan a toda costa dar información porque trata de proteger la información y mantener la privacidad. “Esta es una preocupación a nivel mundial, tanto de desinformación como el tema periodístico, donde muchos periodistas se pueden sentir cohibidos porque reciben información, y ese diálogo digital puede usarse como una acusación”, detalló el experto.

Preocupados gremios periodísticos

Los presidentes de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC), Damaris Suárez y Luis Guardiola, respectivamente, cuestionaron las razones del Gobierno para solicitar acceso a las cuentas y fueron más allá al preguntarse si es un acto que han hecho con otros medios de comunicación.

“Entendemos que es inaceptable porque el Estado tiene todas las herramientas para tener acceso a lo que se publica en las redes sociales de los medios tradicionales y los medios electrónicos disponibles porque para eso está público”, manifestó Suárez, al señalar que no hay justificación para tal acto.

Cuestionó si también se solicitó tras las coberturas como las manifestaciones del Primero de Mayo, así como las protestas del pasado verano para exigir la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación. “Ahí lo conocemos porque salió a relucir, no porque Facebook lo haya informado, ni el Gobierno tampoco. Levanta mucha preocupación”, apuntó la periodista.

Por su parte, Guardiola sostuvo que “es un precedente muy peligroso, que el Departamento tiene que dar explicaciones sobre el alcance de esa petición y sobre las razones que tiene para no haber notificado a los medios y a los periodistas que fueron intervenidos o sus cuentas de redes sociales fueron intervenidas o se indagó información personal sobre ellos”.

Sadot Santana Miranda, Lyanne meléndez e Istra Pacheco

LINK ORIGINAL: Metro

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