La vicepresidenta Delcy Rodríguez exhortó este lunes a eliminar la extorsión en los cuerpos policiales, tribunales y fiscales contra los ciudadanos, calificándola como parte de una reforma urgente al sistema penal que impulsa desde enero. Durante el inicio de la consulta nacional para la reforma de la justicia penal, Rodríguez expresó de manera enfática: «¡Quiero acabar con la matraca y la extorsión! ¡Se acabó, ya basta! El pueblo de Venezuela lo exige». La funcionaria enfatizó que estas prácticas manchan la dignidad de organismos e instituciones que han dado lo mejor de sí durante las etapas más críticas de violencia política en el país.
Rodríguez solicitó específicamente al Ministerio de Interior y Justicia que avance en la creación de un «0800 Extorsión», una plataforma tecnológica destinada a denunciar estos delitos de forma directa. La iniciativa se presenta como un mecanismo para que los ciudadanos puedan reportar actos de corrupción y extorsión sin intermediarios. Sin embargo, la funcionaria también manifestó la necesidad de «hacer justicia» por aquellos policías, jueces y fiscales que considera «honestos» y que cumplen correctamente sus funciones.
La vicepresidenta reiteró que no es justo castigar indiscriminadamente a funcionarios policiales que cumplen adecuadamente su labor ni al sistema de justicia «que ha ido depurando sus instancias». Reconoció que en los últimos 27 años ha habido avances, pero afirmó que «no lo suficiente» y que «no es la justicia que merece Venezuela». Calificó la reforma al sistema judicial penal como un «paso necesario para consolidar una Venezuela de paz» donde el Estado esté «digno, moral en alto, con profesionales que defiendan a Venezuela».
El fiscal general Larry Devoe anunció un despliegue nacional para reunirse con todos los sectores interesados en la reforma del sistema penal, enfocándose en nueve aspectos fundamentales. La reforma propuesta busca implementar un «sistema criminal del siglo XXI adaptado a los estándares internacionales y protocolos más altos de garantías en materia de derechos humanos», según expresó Rodríguez. Esta iniciativa representa un intento de modernizar la justicia penal venezolana tras décadas de críticas sobre impunidad y corrupción en el sistema.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
