La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que a partir del 1 de junio comenzará una consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal del país. Este proceso busca superar desafíos estructurales que afectan la administración de justicia venezolana y garantizar que «la justicia alcance para todos los venezolanos». La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio instalado en abril pasado con la creación de una comisión especial dedicada a la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal.
Rodríguez identificó tres grandes desafíos en el diagnóstico inicial del sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza. La mandataria señaló que el 68% de las personas encarceladas en Venezuela pertenecen a estratos económicos y sociales menos favorecidos, evidenciando una problemática estructural. Además, denunció la existencia de jueces que solicitan «comisiones» o practican extorsión para otorgar medidas de libertad, lo que refleja la profundidad de la corrupción en el sistema.
Para abordar el retardo procesal, Rodríguez informó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que aumenta significativamente la cantidad de magistrados de 20 a 32. Esta medida busca incrementar la capacidad de procesamiento judicial y reducir los atrasos acumulados en los procedimientos. La presidenta hizo un llamado expreso para que el proceso de consulta no sea politizado ni utilizado con fines partidistas, insistiendo en que se trata de una transformación genuina del sistema penal.
Sobre el proceso de amnistía, Rodríguez reportó que esta semana han sido liberados 395 detenidos, y aseguró que en las próximas horas se superarán las 500 excarcelaciones. Este programa de amnistía representa un componente importante de la política de justicia del gobierno, permitiendo la reintegración de individuos al sistema social. La mandataria enfatizó que estas acciones son parte de un esfuerzo integral para transformar la justicia venezolana y garantizar condiciones más equitativas para todos los ciudadanos.
Fuente: Banca Negocios — Ver nota original
