La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció un balance oficial desde el Palacio de Miraflores el pasado 22 de mayo sobre los procesos de liberación de presos políticos en Venezuela. Según sus declaraciones, el sistema de justicia ha registrado 885 excarcelaciones previas a la Ley de Amnistía y otras 395 a través de "procesos alternativos", para un total que la funcionaria aseguró podría superar las 500 en las próximas horas. Sin embargo, estas cifras contrastan significativamente con el monitoreo independiente realizado por organizaciones de derechos humanos que operan en el país, quienes han señalado la falta de pruebas públicas que validen estos registros oficiales.
Durante su intervención, Rodríguez explicó que los mecanismos actuales de liberación no se limitan únicamente a la amnistía, sino que incluyen procesos de revisión iniciados desde enero que han beneficiado a quienes no estaban enmarcados en la ley. La funcionaria enfatizó que estos procesos buscan lograr la "paz político-social" y reconoció que el país atraviesa un momento "duro para la justicia". El anuncio se produce en un contexto de fuerte debate sobre el alcance real de las medidas de gracia y la transparencia en su implementación.
La Organización No Gubernamental Foro Penal, que funciona como referencia en el registro de detenciones arbitrarias en Venezuela, ha mantenido una actualización constante que expone una realidad más compleja en las cárceles del país. Esta entidad ha confirmado de manera independiente la excarcelación de solo 38 presos políticos desde que comenzaron las promesas de liberación, lo que representa una brecha importante con respecto a las cifras manejadas por el gobierno. La falta de transparencia y desglose detallado en los reportes oficiales dificulta la verificación independiente de la identidad de los beneficiarios y la validación de los números presentados.
Activistas y defensores de derechos humanos han denunciado reiterados obstáculos y opacidad en la ejecución de los beneficios de gracia, incluso después de que la controvertida Ley de Amnistía fuera aprobada el 20 de febrero pasado. Este panorama genera un debate importante sobre la credibilidad de las cifras gubernamentales y la necesidad de mayor transparencia en los procesos de liberación de detenidos políticos. La discrepancia entre las declaraciones oficiales y los registros independientes de organismos de derechos humanos subraya la complejidad de la situación carcelaria en Venezuela.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
