Las defensas técnicas de los 64 imputados en el caso Pdvsa Cripto solicitaron la nulidad absoluta de la causa ante el Tribunal Especial Tercero de Juicio de Terrorismo, tras detectar múltiples irregularidades en el proceso judicial. Durante la audiencia del 27 de mayo, los abogados denunciaron la existencia de actas oficiales mutiladas sin firmas, la eliminación de la fase obligatoria de audiencia preliminar y la violación sistemática de derechos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Estas irregularidades, calificadas como «insubsanables» por los defensores, han minado la legalidad del expediente desde sus fundamentos.
La jueza Alejandra Romero Castillo postergó la réplica de la Fiscalía para el final del proceso, sin pronunciarse sobre los vicios procedimentales denunciados. La audiencia número 14 se concentró exclusivamente en estas incidencias técnicas, mientras varios procesados que inicialmente rechazaban declarar solicitaron formalmente su derecho a la palabra. Esta solicitud obligó al tribunal a diferir nuevamente la audiencia para el 1 de junio de 2026, prolongando un proceso que ya ha generado múltiples controversias sobre su transparencia y legalidad.
Fuentes cercanas al proceso revelaron restricciones extremas al acceso público en las audiencias, limitando el aforo a apenas cuatro personas por sesión. El ingreso se restringe únicamente a los primeros cuatro familiares de los imputados que logren arribar a la sede judicial con su cédula de identidad, dejando a los demás familiares y medios de comunicación fuera de las instalaciones. Esta práctica viola el principio de publicidad consagrado en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal y cuestiona la transparencia del juicio.
Los abogados defensores también denunciaron el deterioro sistemático de los derechos fundamentales de los detenidos dentro del sistema penitenciario. Enfatizaron que el Estado vulnera la presunción de inocencia al someter a los acusados a tratos de personas ya condenadas, a pesar de encontrarse en fase de juicio. La reclusión en cárceles de máxima seguridad bajo regímenes de vigilancia y restricciones extremas constituye, según la defensa privada, una violación grave de los derechos humanos de los procesados.
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
