Venezuela enfrenta un debate crucial sobre la modernización y recuperación de cientos de empresas bajo control estatal que actualmente permanecen paralizadas o subutilizadas. Diversos gremios empresariales estiman que entre 500 y 1,500 compañías intervenidas son candidatas para esquemas de privatización, alianzas estratégicas o modelos mixtos de operación. Este análisis refleja la necesidad urgente de reactivar la economía productiva del país mediante la devolución de activos empresariales a sus propietarios originales o a nuevos inversores que puedan operarlas eficientemente.
Rocío Guijarro, directora de Cedice Libertad, reveló que el observatorio de la institución registró aproximadamente 1,700 casos documentados de vulneración a la propiedad privada durante las intervenciones estatales. La directiva calificó estos procesos como «expoliaciones» y no como expropiaciones legítimas, puesto que no hubo pago de indemnizaciones ni beneficios económicos reales para el país. Guijarro enfatizó que «el Estado no tiene por qué ser empresario; el privado es el que genera riqueza, empleo y bienestar a la sociedad», resumiendo la visión de recuperación económica basada en la iniciativa privada.
Para que la inversión nacional e internacional regrese al país, los expertos exigen reglas claras y un marco jurídico robusto que garantice el respeto a los contratos y los derechos de propiedad. Guijarro recordó la exitosa privatización de CANTV en la década de los noventa como un modelo de transparencia que debe replicarse en futuros procesos. Según su perspectiva, el proceso actual de recuperación empresarial requiere ser «claro, transparente, verificable» y con la participación informada y democrática de todos los ciudadanos, evitando repetir errores del pasado.
El investigador Andrés Carrasquero señaló que el contexto internacional actual presenta oportunidades favorables para una reestructuración integral. Con una deuda pública externa oscilando entre 150 y 180 mil millones de dólares, el año 2026 ofrece eventos positivos como el reconocimiento internacional del gobierno y la reanudación de relaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos pueden proporcionar asesoría técnica y confianza al proceso, elementos esenciales para que los acreedores acepten nuevos términos. Guijarro concluyó que la libertad económica y el derecho de propiedad son instituciones que el Estado debe resguardar como base para que la sociedad disfrute nuevamente de prosperidad.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
