Debate detrás de las libertades por vencimiento de términos - EntornoInteligente
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El 32 por ciento de las personas recluidas en las cárceles del país, es decir, 39.880, están presas en calidad de sindicadas, y la justicia aún no se ha pronunciado sobre su culpabilidad o inocencia. De ellas, el 20 por ciento (7.972 personas) llevan presas más de 21 meses. Si en sus casos no hubo dilaciones de sus abogados, esas personas hoy tendrían derecho a la libertad por vencimiento de términos.

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Esa fue la figura que generó indignación en varios sectores del país que vieron cómo se les abrió esta semana las puertas de la prisión al exmagistrado Francisco Ricaurte, investigado por el ‘cartel de la toga’, el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino y César Mondragón, señalado por el descalabro de libranzas en Estraval.

Aunque el mismo presidente Iván Duque rechazó las libertades y llamó la atención al Congreso para revisar el tema, lo cierto es que el debate sobre cuál es el tiempo razonable para que una persona esté presa sin que la justicia se pronuncie de fondo sobre su situación es mucho más complejo.

Expertos coinciden en que la libertad por vencimiento de términos, que se reguló desde el 2015 bajo el ministerio de Justicia de Yesid Reyes, es una garantía para que nadie estará preso indefinidamente.

Para el propio Reyes, la ley busca evitar el abuso de la detención preventiva y echarle la culpa a la norma, si bien es “lo más fácil”, no soluciona el problema.

El exministro señaló que en cada caso hay que revisar los motivos de las libertades; si son porque no hay jueces suficientes, se deben poner más o redistribuir trabajo; si es por dilaciones de abogados, la ley establece que ese tiempo no se cuenta, y si es por demoras de la Fiscalía, dijo, se tendría que recomendar a los fiscales un mejor manejo en los plazos de sus investigaciones.

“En la mayoría de los casos, la racionalización de la detención preventiva ha funcionado, porque se están cumpliendo los términos”, aseguró.

En esto coincidió José Fernando Mestre, director de Derecho Penal de la Universidad Javeriana y miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, quien también consideró que además de la prisión, hay otras medidas que buscan garantizar que el proceso siga sin vulnerar los derechos de la gente, tales como restringir la salida del país y vigilancia electrónica.

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Mestre también llamó la atención sobre el hecho de que si bien la ciudadanía ve la cárcel preventiva como justicia, esto no es así. “Nadie va a discutir que el corrupto debe ir a la cárcel, pero es que mientras lo están procesando, la Constitución dice que debe ser tratada como inocente”, dijo.

En la otra orilla, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), indicó que en la ley hay “porosidades” que permiten que con maniobras se induzca esta libertad, y que es necesaria una mejor actuación del órgano que sanciona a jueces, fiscales y abogados, que es la Sala Disciplinara del Consejo Superior de la Judicatura.

” Se requiere una ley más certera, que no dé tanto lugar a interpretación, pero además, también una judicatura para el régimen disciplinario más eficiente”, dijo.

Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, la salida debe ser un punto medio que “pasa por manos de la Fiscalía, que no acepte demoras que son obra y gracia de los abogados; pero también por los jueces, que revisen bien todo”.

Hay que buscar que la justicia sea más eficiente y los fiscales hagan bien su trabajo

FACEBOOK TWITTER En eso coincide Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, quien señaló: “Hay que buscar que la justicia sea más eficiente y los fiscales hagan bien su trabajo”.

Otro punto que debe tenerse en cuenta, además de las garantías a los investigados, son los efectos fiscales sobre el Estado. Cifras de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado detallan que a marzo de este año, la nación acumulaba 15.943 demandas que pedían una indemnización por privación injusta de la libertad, con pretensiones por 21,9 billones de pesos, siendo este el proceso administrativo más frecuente contra el Estado y el tercero más caro.

Y mientras que el ‘taxímetro’ de las demandas sigue, los funcionarios de la justicia, a través del magistrado Hermes Darío Lara, dicen que desde hace dos décadas no se aumenta el número de juzgados y que con esa carga es imposible dar celeridad a los procesos.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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