Lapatilla julio 21 2026, 5:46 pmPosteado en: OpiniónCompártelo: Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Se nos presenta como el inicio de una nueva era pragmática y pro-mercado. Pero ya han pasado 6 meses. Las imágenes de comitivas comerciales y los titulares sobre reformas legislativas buscan proyectar la idea de un país reabriendo sus puertas al capital internacional. Sin embargo, al despojar el discurso de su ropaje propagandístico, la realidad operativa es diametralmente opuesta: lo que presenciamos no es un proceso de liberalización ni un retorno al Estado de Derecho, sino la consolidación de un capitalismo de concesiones ad-hoc, muy discrecional y de opacidad estructural. El relato oficial de la integración entre la visión energética de Washington bajo la administración Trump y la ejecución local encabezada por Delcy Rodríguez promete la resurrección de la producción venezolana. Pero en la práctica, la industria petrolera ha quedado atascada dentro de un doble cerrojo regulatorio e institucional que imposibilita la competencia abierta y frustra los objetivos de éxito a mediano y largo plazo. El mito del libre mercado: Un diseño institucional basado en el secretismo Una verdadera apertura energética se sostiene sobre tres pilares básicos: licitaciones públicas transparentes, reglas fiscales estables y seguridad jurídica objetiva. Ninguno de ellos está presente hoy en Venezuela. Suscríbete aquí para hacerle seguimiento diario al rescate de Venezuela tras los sismos La toma de decisiones no ocurre en subastas internacionales ni bajo el escrutinio público de las instituciones republicanas. Ocurre a puerta cerrada. Bajo la sombra de la arquitectura heredada de la Ley Antibloqueo y los decretos de emergencia, el destino de los yacimientos nacionales se decide mediante negociaciones directas sin licitaciones y opacas. Se comercializa el subsuelo mediante esquemas de confidencialidad que ocultan regímenes fiscales reales, esquemas de regalías y compromisos de inversión. La opacidad dejó de ser un accidente del sistema para convertirse en su principal rasgo de diseño. La primera capa del cerrojo: La discrecionalidad de la LOH y su reglamento A nivel interno, la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y la implementación de figuras contractuales como los Contratos de Participación Productiva (CPP) o de desarrollo primario se han vendido como la flexibilización definitiva frente al viejo e ineficiente monopolio estatal. Pero la flexibilización no es sinónimo de institucionalidad: Inseguridad jurídica estructural: Al eludir la fiscalización parlamentaria tradicional y concentrar el poder de adjudicación en el Ejecutivo, las condiciones de operación no están garantizadas por una ley universal e impersonal, sino por la voluntad política del funcionario de turno. Contratos ad-hoc vs. reglas iguales: En lugar de un marco normativo universal, cada inversionista negocia “su” propia regla de juego, lo que distorsiona el mercado y premia el acceso al poder sobre la eficiencia técnica o financiera. La segunda capa del cerrojo: El filtro exógeno de la OFAC El segundo cerrojo no se forja en Caracas, sino en Washington. Ninguna empresa —por más contrato local que ostente— puede mover una maquinaria o colocar un barril sin la dispensa previa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. A través de las licencias generales (como la GL 50A, GL 47 y GL 30B) o permisos específicos a medida, la OFAC actúa como un regulador internacional de facto que determina quién entra y quién se queda fuera. El “capturismo de licencias”: El éxito en Venez
Fuente: La Patilla — Ver nota original
