Cuestionan otra subasta en Corrección - EntornoInteligente
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El senador popular Cirilo Tirado denunció ayer que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) otorgó una subasta de manera irregular a una compañía que ofrece servicios para impedir comunicaciones celulares no autorizadas —y permitir llamadas de teléfonos móviles legítimas y de emergencia—dentro de las instituciones correccionales.

A ese servicio, según Tirado, se le conoce como un Managed Access Systems for Correctional Institution (MAS). El legislador cuestionó que la agencia haya concedido por tercera ocasión una subasta que levanta sospechas y dudas. “La RFP- 9-001 (request for proposal) es la tercera subasta que presenta irregularidades en menos de dos años en DCR. En esta subasta se escogió al licitador más bajo y luego se cambia para adjudicarla a una compañía que licitó por $5 millones más alto, sin notificar y evaluando criterios que no fueron considerados en el RFP”, expresó.

El senador afirmó en conferencia de prensa que esta decisión del DCR demuestra “incapacidad administrativa y un mal juicio a la hora de tomar decisiones”. Incluso, anunció la radicación de una resolución para que el Senado investigue todos los procesos de subastas en Corrección y se evalúen los reglamentos para determinar si necesitan cambios para garantizar la mejor inversión de fondos públicos.

De acuerdo con Tirado, el pasado 29 de mayo la directora de la Junta de Subastas del DCR, Carmen Vidal, informó que un comité técnico evaluó las propuestas y escogió a Tecore Network para ofrecer el servicio MAS, ya que era la mejor propuesta en términos de costos. Posteriormente, el DCR retiró esta evaluación técnica sin notificar al licitador escogido.

Indicó que el 19 de julio surgió otra evaluación técnica en la que se adjudicó esa misma subasta a la empresa Securus Technology, oferta que era mayor por $5 millones. No fue hasta el 6 de agosto que le notificaron a Securus —entidad que sometió información adicional que no fue requerida para el RFP— que le habían adjudicado la subasta. La empresa CCA demandó a la Junta de Subastas del DCR para que revocara la subasta a Securus.

Urge pesquisa senatorial

Tirado solicitó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que ordene la aprobación de la resolución que radicó porque “son muchas las quejas de irregularidades”.

“Nuestra función investigativa obliga a este Senado a actuar, pero la permanencia de Erik Rolón (como secretario del DCR) es asunto de la gobernadora (Wanda Vázquez) y es hora de que deje las relaciones públicas y comience a actuar como primera ejecutiva del País y limpie la casa. ¡Que lo boten!”, señaló.

Tirado recordó que al menos dos subastas anteriores también han sido señaladas por irregularidades.

El pasado 3 de julio EL VOCERO informó en primicia que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) investiga la adjudicación de una subasta de $300 millones a Carolina Catering Corporation (CCC) para el servicio de alimentos a la población penal, mantener las lavanderías y operar las comisarías (tiendas) en las cárceles. Ese proceso de subasta llegó hasta el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y un panel de jueces paralizó el proceso a favor de TKC Intermediate Holdings y su subsidiaria Trinity Services, las cuales denunciaron que había ocurrido intervención indebida de funcionarios del DCR en dicho proceso.

Otra de las subastas que concedió el DCR y que ha sido objetada fue para adquirir el sistema “Inmate Phone Services” para controlar las llamadas telefónicas legítimas de los confinados. La misma fue adjudicada a Global Tel Link (GTL), una empresa investigada en Estados Unidos por fraude.

Según Tirado, GTL se vio involucrada en un esquema de corrupción en el estado de Mississippi, donde el consultor de esa compañía se declaró culpable por sobornar al comisionado del Departamento de Corrección.

EL VOCERO pidió una reacción al DCR sobre las denuncias del senador y al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

LINK ORIGINAL: El Vocero

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