Más de 5.5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes, obligados a elegir entre comprar alimentos o medicamentos para subsistir. Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de Aragua, denunció durante una visita al estado Guárico la situación catastrófica que viven los adultos mayores del país, quienes carecen de capacidad económica para adquirir tratamientos médicos esenciales.
Según Aguilar, el 95 por ciento de los jubilados y pensionados se encuentra en una condición económica tan precaria que resulta imposible financiar medicamentos básicos. El alto costo de la vida agravado por la inflación ha generado que miles de pensionados tomen decisiones imposibles en su cotidianidad, priorizando la alimentación sobre la atención médica. Esta realidad ha derivado en consecuencias fatales para la población de tercera edad, que muere por patologías prevenibles y tratables debido a la falta de acceso a medicinas.
El colapso del sistema sanitario público ha intensificado el drama de los adultos mayores, quienes fallecen por complicaciones derivadas de infecciones renales y otras enfermedades que requieren intervención quirúrgica oportuna. Muchos pacientes permanecen años en listas de espera sin acceso a tratamientos complejos, lo que acelera el deterioro de su salud y aumenta la mortalidad en este sector vulnerable de la población. La falta de cobertura médica integral ha convertido la vejez en Venezuela en sinónimo de sufrimiento e incertidumbre.
Ante esta crisis, los representantes gremiales de jubilados exigen a las autoridades la implementación inmediata de un sistema de salud público que garantice atención médica digna, acceso gratuito a tratamientos complejos y cobertura integral adaptada a las necesidades de los adultos mayores. Para el próximo 29 de mayo, coincidiendo con el Día del Adulto Mayor en Venezuela, está convocada una protesta nacional donde los jubilados exigirán el cumplimiento de sus derechos socioeconómicos y el derecho fundamental a una vejez digna y con protección social.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
