Mientras las autoridades reclaman con rapidez y balances ambientales un derrame originado en Trinidad y Tobago, las costas venezolanas sufren un goteo permanente de crudo y desechos de refinación. La opacidad oficial y los desiertos informativos juegan un rol importante en el ocultamiento de una crisis crónica que destruye la economía de los pescadores, amenaza la salud humana y pone en jaque la supervivencia de la fauna marina A Venezuela llegan nuevos inversores petroleros, cambian los ministros de Ambiente y se anuncian esfuerzos de recuperación de la industria. Pero los derrames petroleros siguen apareciendo en las costas del país. Números recopilados por activistas y defensores ambientales demuestran que el hidrocarburo corre de forma constante: solo entre 2022 y 2024 se documentaron al menos 79 incidentes en el territorio nacional, mientras que un monitoreo satelital de apenas tres meses en 2025 bastó para identificar otros 59 eventos. Sin embargo, en 2026, el primer derrame que ha logrado romper el muro de silencio oficial no proviene de instalaciones venezolanas, sino de la estatal Heritage Petroleum, en Trinidad y Tobago. La diferencia no es menor. Esta vez sí hubo declaraciones, balances ambientales y reclamos diplomáticos. El propio canciller Yván Gil exigió responsabilidades al gobierno trinitense y aseguró que «no podemos tolerar que un evento de esta naturaleza ocurra y no sea reportado». El Ministerio para el Ecosocialismo, presidido por Freddy Ñáñez, informó que el derrame, producido durante las primeras semanas de mayo, había sido controlado en un 70% y detalló daños sobre al menos 170 especies de peces, cuatro especies de tortugas marinas en plena época de desove y extensas áreas de manglar en el oriente venezolano. Incluso el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, salió a advertir que la contaminación afecta a lo que él consideró una de las zonas más importantes para la “soberanía alimentaria del país”. Se refirió al Golfo de Paria, d
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