Costa Rica ha anunciado una medida histórica para regularizar la situación de miles de migrantes que permanecen en limbo legal hace años. El Gobierno costarricense implementará una categoría especial destinada a absorber a la población de solicitantes de refugio que ha permanecido sin respuesta durante años, reconociendo la profunda mora que existe en el sistema de asilo del país. Esta decisión representa un cambio significativo de política después de años de inacción y promesas incumplidas por parte de la administración anterior de Rodrigo Chaves.
La medida beneficiará aproximadamente a 10.480 personas, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, aunque las cifras son preocupantes cuando se considera que 318.000 personas esperaban una resolución al inicio de 2026. Solo durante 2025 llegaron casi 29.000 nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos, lo que representa una carga significativa para un país de apenas 5,2 millones de habitantes. Estos números reflejan la magnitud de la crisis migratoria que enfrenta Centroamérica y la necesidad urgente de encontrar soluciones estructurales.
Casos como el de Iván Olivares, periodista nicaragüense que huyó del régimen de Daniel Ortega hace casi cinco años, ejemplifican la angustia de miles de migrantes atrapados en una situación de incertidumbre legal. Olivares cruzó la frontera el 23 de julio de 2021 y presentó su solicitud de refugio una semana después, pero ha pasado casi un lustro sin recibir respuesta. Su situación es compartida por decenas de miles de perseguidos políticos y migrantes económicos que han buscado protección en Costa Rica, viéndose forzados a vivir en la irregularidad a pesar de haber solicitado formalmente asilo.
Activistas y organismos de derechos humanos han recibido esta iniciativa con una mezcla de alivio y cautela. Adam Álvarez-Calderón, director del Servicio Jesuita a Migrantes, calificó la medida como oportuna y necesaria, aunque sorprendente dado que el Gobierno anterior mantuvo una postura contradictoria: proclamaba respeto por la normativa internacional mientras reducía presupuestos y recursos. Esta nueva política representa un reconocimiento oficial de que el sistema ha fallado en su responsabilidad fundamental de resolver los casos de asilo de manera pronta y eficaz.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
