CORTE CONSTITUCIONAL: DERECHO A LIBERTAD DE EXPRESION NO ES ABSOLUTO - EntornoInteligente
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QUITO(SEP.15.2019.AgenciAne)._ La Corte Constitucional afirma que “el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores”.

Esta declaratoria de la Corte Constitucional, consta en la sentencia que dictó para anular una de carácter judicial que dictó la Corte de Justicia de Pichincha porque, según los jueces constitucionales, atentó al derecho a la libertad de expresión del diario La Hora, periódico que fue demandado por la Secretaria General de la Administración durante el gobierno de la revolución ciudadana. Dicha sentencia judicial, de primera y segunda instancia, constituyeron restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión,asegura.

Para proteger integralmente el ejercicio de la libertad de expresión, es fundamental reconocer el rol fundamental de los medios de comunicación para la libertad de expresión,es decir, el derecho de éstos a realizar sus labores con independencia y sin cortapisas, presiones o restricciones innecesarias dirigidas a silenciarlos. En consecuencia, las “autoridades públicas deben abstenerse de cualquier intervención que tienda a limitar o a entorpecer el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.”

No obstante, la Corte Constitucional admite que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores que, según la Convención Americana “[…] deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público la salud y la moral públicas. Anota la sentencia que para considerarse legítimas, las restricciones al derecho a la libertad de expresión deben: estar expresamente previstas en una ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales para la consecución de tal fin.

Las restricciones a la libertad de expresión deben ser de carácter excepcional, pero debe tomar en cuenta que parte de la garantía de pluralismo que involucra la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población” ,advierte la Corte. En consecuencia, la información, ideas y expresiones que pudieran resultar incómodas a los representantes de las distintas funciones del Estado, también se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

” Por fuera de los discursos que no se encuentran amparados por la libertad de expresión, como por ejemplo los discursos de odio, nos encontramos ante una regla general de presunción de cobertura de toda forma de expresión, lo cual también implica una “presunción de constitucionalidad a favor de la libertad de expresión.”

La Corte señala que el discurso exige una protección especial a más del derecho a la libertad de expresión. No se puede desconocer que ciertos discursos entrañan una importancia particular para el ejercicio de otros derechos, o incluso para la consolidación y funcionamiento de una sociedad democrática.

Entre los discursos especialmente protegidos se encuentran los asuntos de interés público, de políticos o personas que ocupan o pretenden ocupar cargos públicos, particulares que voluntariamente se involucran en asuntos públicos y en expresiones que viabilizan el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales, subraya.

Es más, dice, el discurso relativo a asuntos políticos no se limita al relacionado con asuntos electorales, sino que “[…] esta teoría cubre toda expresión relevante para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida pública de la nación” ,dice la sentencia dictada en favor del periódico La Hora.

Así mismo sentencia que las “expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público gozan de mayor protección puesto que en toda democracia, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso por parte de la sociedad en su conjunto, incluida la sociedad civil organizada, la prensa y la opinión pública. La gestión pública debe ser objeto de control democrático y los medios de comunicación constituyen vehículos a través de los cuales se promueve la discusión sobre asuntos de interés público y se controla la gestión gubernamental.

La Corte Constitucional también se refiere a la protección reforzada al libre flujo de información respecto a asuntos de interés público, asegurando que esta fomenta el debate y el cuestionamiento de las posturas y decisiones de los distintos órganos del Estado; promueve la participación ciudadana en ejercicio de las actividades, cumplimiento de competencias estatales y diseño de políticas públicas; permite a los ciudadanos formarse una opinión, adoptar posturas y participar de manera efectiva e informada del proceso democrático; facilita el escrutinio y vigilancia respecto de las actividades estatales, e incluso sirve como contrapeso frente a potenciales abusos o arbitrariedades en el ejercicio del poder público.

En este contexto subraya la Corte, cuando el derecho a la libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos o sea necesario establecer límites para garantizar otros fines legítimos, los jueces deberán tener en especial consideración el rol fundamental que tiene la libertad de expresión para la existencia y fortalecimiento de una sociedad democrática, la doble dimensión de este derecho, así como la necesidad de garantizar el libre flujo de ideas e informaciones relacionadas con asuntos de interés público, en tanto discurso especialmente protegido.

Finalmente sostiene que cuando se “trate de discursos especialmente protegidos, la protección de la libertad de expresión deberá ser reforzada, lo cual exige realizar un examen sustancialmente más riguroso al momento de examinar la legitimidad de una posible restricción a este derecho. De ahí que, para determinar la legitimidad de restricciones al derecho a la libertad de expresión es indispensable que los jueces, como primer paso, consideren la naturaleza del discurso materia de la expresión en cada caso concreto, lo que a su vez determinará el nivel de escrutinio con el que realizarán el examen. Para ello, es preciso partir de la premisa de que: El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público.

LINK ORIGINAL: Radioequinoccio.com

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