Durante una audiencia en Washington, organizaciones venezolanas e internacionales afirmaron que los terremotos del 24 de junio profundizaron la crisis institucional en Venezuela. También pidieron la liberación de los 598 presos políticos que, según Justicia, Encuentro y Perdón, permanecen detenidos La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio no solo pasa por levantar viviendas, hospitales e infraestructura. También requiere recuperar las instituciones democráticas y garantizar los derechos humanos, en esa idea coincidieron representantes de organizaciones venezolanas e internacionales durante una audiencia celebrada este miércoles 15 de julio en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos. En la sesión, titulada Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity, las organizaciones sostuvieron que la emergencia sísmica dejó al descubierto la fragilidad institucional del país y aprovecharon el espacio para insistir en la liberación de los 598 presos políticos que, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), permanecen privados de libertad. La audiencia fue presidida por los congresistas James P. McGovern, demócrata por Massachusetts, y Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, y contó con la participación de representantes de JEP, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation. La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, afirmó que Venezuela enfrenta dos crisis que hoy se entrelazan: el prolongado deterioro institucional y las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron miles de víctimas mortales y dambificados. A su juicio, aunque el desastre natural y la crisis política tienen orígenes distintos, ambos dejaron al descubierto la incapacidad de las instituciones para proteger a la población. «La reconstrucción también debe ser institucional», sostuvo Borges al señalar que el proceso de recuperación no puede limitarse a reparar carreteras, escuelas o viviendas. En su intervención pidió poner a las víctimas en el centro de las políticas públicas, proteger a la sociedad civil, dimensionar la crisis con base en evidencia y garantizar una participación ciudadana efectiva en la reconstrucción del país. La directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Laura Cristina Dib, recordó que la emergencia humanitaria ya era profunda antes de los terremotos. Indicó que, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria antes de los sismos y afirmó que el plan de respuesta apenas había recibido 23% del financiamiento requerido. *Lea también: ENTREVISTA | OCHA: Hay que asegurar que el apoyo al pueblo venezolano continúe llegando Según explicó, los terremotos profundizaron las carencias acumuladas durante años al afectar hospitales y evidenciar las limitaciones del Estado para responder a la emergencia. En contraste, destacó que organizaciones independientes y ciudadanos asumieron buena parte de las labores de asistencia a los damnificados. Dib instó al Congreso estadounidense a mantener el respaldo a la sociedad civil venezolana y apoyar iniciativas orientadas a recuperar el Estado de derecho, proteger la libertad de prensa y fortalecer el espacio cívico. La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, participó vía online y reconoció que durante 2026 se registraron avances con la excarcelación de un número importante de presos políticos y la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía. No obstante, advirtió que persisten problemas de transparencia porque las listas oficiales de las personas beneficiadas no han sido entregadas a organismos internacionales ni a organizaciones de derechos humanos, lo que impide verificar de manera independiente los anuncios realizad
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
