La jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli del Palacio de Justicia de Monagas dictó sentencia condenatoria contra siete de ocho acusados en un caso que ha generado serias dudas sobre la consistencia de las pruebas presentadas. El juicio, que se extendió durante seis años desde las detenciones iniciales, concluyó con condenas por delitos de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, asociación para delinquir y organización de cuerpos armados. Este proceso judicial ha sido ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos, ya que la acusación combinó cargos de terrorismo con referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos, lo que añadió una dimensión política sensible al expediente.
El Ministerio Público sostuvo que nueve personas habrían coordinado conjuntamente el secuestro de Diosdado Cabello, quien era diputado constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para entregarlo a Estados Unidos y cobrar la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico. La investigación fue iniciada entre el 28 y 29 de marzo de 2020, tras un supuesto mensaje de WhatsApp interceptado en el que se hacía referencia a planes para capturar al dirigente chavista. Este comunicado fue considerado suficiente por la fiscal primera provisional de Monagas para ordenar las detenciones iniciales sin que se presentaran posteriormente pruebas concretas que corroboraran la existencia de un plan operativo real.
La narrativa de la acusación insertó el caso en el discurso oficial sobre amenazas externas y conspiraciones dirigidas contra figuras clave del poder en Venezuela. Sin embargo, expertos en procedimiento penal han señalado que el expediente carece de elementos probatorios sólidos que sustenten la gravedad de los cargos. Uno de los acusados, Luis Eduardo Villarroel Caña, fue finalmente absuelto después de enfrentar años de prisión, lo que evidencia las inconsistencias en la investigación realizada por las autoridades competentes.
Familiares de los condenados han manifestado su profundo rechazo a la sentencia y sus consecuencias. Irianny Lezama declaró a medios locales que, de no rectificarse la medida judicial, las madres de los enjuiciados se declararán en huelga de hambre como medida de protesta. Este caso ha trascendido los límites del sistema judicial para convertirse en un símbolo de las preocupaciones internacionales sobre el estado de los derechos humanos y la administración de justicia en Venezuela.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
