Cómo el caso del preso político José Ignacio Moreno puso en evidencia las fallas del debido proceso en Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)29 Jul, 2026 09:56 a. m. ESTGuardarLas detenciones arbitrarias, las restricciones al derecho a la defensa, los procesos judiciales prolongados y el uso extendido de la prisión preventiva forman parte de un patrón que distintos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado reiteradamente en Venezuela respecto de presos políticos y personas detenidas por motivos de conciencia. Eso es, precisamente, lo que la defensa del abogado José Ignacio Moreno Suárez afirma que ocurrió con él. Detenido desde junio de 2023 tras representar en Venezuela a la minera Gold Reserve Inc., sostiene que su caso acumula presuntas violaciones al debido proceso y que la acusación terminó criminalizando el ejercicio de su actividad profesional como abogado.Moreno Suárez permanece recluido desde el 4 de junio de 2023 en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I. La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos relacionados con su labor como representante legal en Venezuela de la minera Gold Reserve Inc., que mantiene un litigio internacional contra el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.PUBLICIDADLa detención de José Ignacio Moreno Suárez ocurrió el 4 de junio de 2023 tras un abordaje de la DGCIM en un restaurante de Caracas, sin flagrancia ni orden judicial, según la defensa.Sin embargo, para el abogado constitucionalista José Loreto Carpio, integrante de su defensa, las principales irregularidades no radican únicamente en la acusación, sino en la forma en que se desarrolló todo el proceso.Una detención ilegalEl expediente indica que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a Moreno Suárez mientras almorzaba en un restaurante de Caracas y le solicitaron que los acompañara para una entrevista. Horas después quedó privado de libertad. Para Loreto, ese relato evidencia una primera irregularidad.“La Constitución exige que una persona solo pueda ser detenida mediante una orden judicial o en flagrancia. A José Ignacio no lo capturaron cometiendo un delito; lo abordaron mientras estaba comiendo”, afirmó en entrevista con Infobae.PUBLICIDAD La defensa sostiene que el acta policial tampoco menciona una orden de captura emitida por un tribunal, por lo que considera que el procedimiento no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la legislación venezolana para una detención inmediata.Restricciones al derecho a la defensaSegún Loreto, tras su detención Moreno Suárez permaneció alrededor de 45 días sin poder reunirse con abogados de confianza, mientras la investigación avanzó con un defensor público.Durante ese período, sostiene la defensa, tampoco tuvo acceso al expediente ni a las pruebas utilizadas por la Fiscalía. “Nunca vio el expediente, nunca tuvo abogados de confianza y nunca estuvo ante un juez”, resumió.PUBLICIDADCuando finalmente el equipo defensor pudo entrevistarlo, más de cuatro meses después del arresto, las restricciones continuaban. De acuerdo con Loreto, durante las visitas no se permitía ingresar documentos, papel, lápiz ni otros materiales para preparar la estrategia jurídica, lo que, a su juicio, afectó el derecho a una defensa efectiva.La prisión preventiva supera el plazo legalEl principal argumento jurídico de la defensa se centra en la duración de la prisión preventiva. Loreto sostiene que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece un límite de dos años para esta medida, salvo una prórroga excepcional debidamente fundamentada.“Ya solo por ese hecho no habría ninguna otra cosa que decir para sostener que la medida que pesa sobre Nacho es arbitraria y claramente ilegal”, afirmó.PUBLICIDADEl abogado, Jesús Loreto Carpio, afirmó que las visitas a José Ignacio Moreno Suárez en El Rodeo I impidieron ingresar documentos y
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