COLOMBIA: Posconflicto y Fuerza Pública - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / El Espectador / La época conocida como la Violencia, desde mediados de los años 40 hasta mediados de los 60 del siglo pasado, en la que se enfrentaron los dos partidos tradicionales —el Liberal y el Conservador—, involucró también a militares y policías. Esta época trajo consigo, en forma caótica, el comienzo de la modernización capitalista de la sociedad. Los rezagos de la Violencia, unidos a los efectos de la emergente Guerra Fría, propiciaron el surgimiento de la subversión guerrillera —identificada como “el enemigo interno”—, con la que se enfrentaron los militares.

Sucesivas omisiones y deficiencias en las decisiones políticas de varios gobiernos —incluida la ausencia de políticas sociales para disminuir las desigualdades— llevaron a los militares a confrontar a las guerrillas de manera poco eficiente, lo que permitió su fortalecimiento. Esta situación indujo a que el tradicional latifundismo conformara, con apoyo de sectores castrenses, grupos de paramilitares para ayudar a enfrentar a la subversión. El paramilitarismo ganó independencia mediante el respaldo de políticos regionales y la expansión del narcotráfico —estimulado por condiciones favorables en la sociedad—, lo que llevó a una mayor degradación tanto de paramilitares como de guerrillas.

La falta de experiencia de los gobiernos en el manejo de los procesos de paz —iniciados en 1982— llevó a que, con contadas excepciones, no tuvieran éxito, con lo cual no sólo se fortaleció la subversión, sino que la Fuerza Pública quedó atrapada entre decisiones políticas equivocadas y el auge guerrillero. Un mayor involucramiento de Estados Unidos en la política colombiana fue el corolario de esta crítica situación, motivada por la errada política prohibicionista de ese país contra las drogas. El Plan Colombia fue su principal consecuencia, con efectos ambivalentes durante su diseño, aprobación y ejecución. Por una parte, trajo una positiva reforma militar más adecuada para la guerra irregular. Pero, por otra, indujo más decisiones políticas internas condicionadas por Estados Unidos.

Este proceso desembocó en el prolongado gobierno del presidente Uribe, el cual —sobre la base de acciones criminales de guerrillas degradadas— desconoció el conflicto armado interno al calificarlo como amenaza terrorista, indujo un odio visceral contra las Farc por parte de la opinión pública y planteó la necesidad de su exterminio. Así, las percepciones de la opinión pública quedaron condicionadas a una malsana polarización política inclinada a favor del presidente, máxime cuando la promesa oficial de aniquilar a las Farc no se cumplió, aunque sí redujo de manera significativa su capacidad militar, lo que sirvió para promover la reelección.

Si bien la aprobación de la segunda reelección presidencial fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, los ocho años de gobierno de Uribe y su intento de introducir el caudillismo en Colombia, además de lograr mayorías a su favor, cautivaron también a los militares. Esta situación indujo al actual gobierno del presidente Santos a gobernar condicionado por la sombra del neocaudillo (ahora senador), en medio de un peligroso juego soterrado de sectores castrenses que apoyan la agresiva política contra el proceso de paz por parte de Uribe y su partido, el Centro Democrático.

Esta síntesis de acontecimientos ocurridos en las últimas siete décadas permite mostrar efectos ideológicos cuasi estructurales que se desarrollaron progresivamente en la mentalidad militar. Entre ellos sobresale la percepción de relacionar casi cualquier situación relativa a la vida militar a través de una lente amigo-enemigo, creando así un enemigo virtual permanente. Por eso existe una visión polarizada que percibe dos bandos antagónicos: uno, el de los demás, y otro, el propio. Esta polarización induce a actuar como si se estuviera en un ambiente bélico, al expresarse con el término de “guerra”.

De esta manera, existe una “guerra política”, percibida en decisiones de políticas públicas. En ellas se escudriña —de manera prevenida— para descubrir si incorpora elementos cuyo objetivo sería afectar a las instituciones castrenses. Por su naturaleza, toda decisión política no es neutra y por consiguiente tiene efectos diferenciales en la sociedad. Pero de ahí a ver una distorsión en contra de la institución hay una notoria diferencia. Se afirma también que existe una “guerra jurídica”, pues hay una tendencia a interpretar decisiones judiciales en perjuicio del estamento militar.

Además se percibe una “guerra mediática”, que es más fácil de detectar en campos como el de opinión, ya que allí predominan ideologías y posiciones críticas que son calificadas con frecuencia como “de izquierda”. Entre las opiniones de militares —y en la de sus intelectuales orgánicos, civiles y militares— aparece también la “guerra no armada”, que tiene como común denominador un escenario mental bélico, no sólo en ambientes privados y profesionales, sino también en escenarios públicos.

Pero el problema va más allá, que es lo que permite definirlo como una situación cuasi estructural, es decir, con tendencia a permanecer en el tiempo, lo que hace difícil que pueda modificarse como preludio necesario, aunque no suficiente, para tener un ambiente propicio para la finalización del conflicto armado. Por eso es indispensable trabajar de manera colectiva en esta dirección, si queremos tener un país en el que los ciudadanos de una misma sociedad no se vean entre sí como enemigos sino como compatriotas.

Este ambiente bélico se proyecta también en términos institucionales. Por eso se habla de “guerra de organizaciones”, en la que unas pertenecen al bando contrario y otras al propio. Pero hay un caso particular que sobresale en el pensamiento político-ideológico predominante en el ambiente castrense. Se trata del sensible y, en buena parte, incontrolado sector de la inteligencia militar, que es uno de los efectos negativos del rápido crecimiento de la Fuerza Pública durante los últimos tres lustros. Un ejemplo conocido de esa falta de control son las contradicciones en que cayeron distintas figuras del Gobierno Nacional cuando se denunció el escándalo en el caso de la oficina de inteligencia Andrómeda.

En diferentes sectores de inteligencia militar se evalúa la “guerra de inteligencia estratégica”, en la que los actores se dividen en amigos y enemigos. Naturalmente, los amigos son los de las propias instituciones y, con frecuencia, los demás son del bando opuesto, es decir, los enemigos. Tal maniqueísmo limita la lectura de cualquier situación que se estudie, con consecuencias peligrosas por sus efectos distorsionantes sobre decisiones que se tomen para adelantar operativos armados sobre tales bases de análisis.

Menciono por último un concepto adicional utilizado en el argot militar, que podría ser ambivalente. Se trata de la denominada “construcción de la defensa prospectiva”. Sería ideal si se planteara desde ahora una defensa hacia el futuro en una situación de posconflicto. Pero si se mira dentro del contexto expuesto —que es lo lógico de pensar—, es decir, con actores similares a los actuales, sería una limitación adicional para cambiar la mentalidad sesgada que se discute.

Lo acontecido durante este largo tiempo indica que la mejor ruta para tomar un camino hacia la paz es eliminando la violencia política, sin que esto lleve a que desaparezca la violencia en general. Al respecto, habría que tener en cuenta que en el país la política ha estado mediada por la violencia a lo largo de su historia republicana: la política ha sido el factor principal de reproducción de la violencia organizada, y por eso hay que acabar con esta mediación malsana. Y la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo el Estado en términos políticos, es decir, logrando que monopolice el uso legítimo de la fuerza, acabando inicialmente con la violencia política.

A partir de este primer paso sería factible que el Estado se enfocara con éxito en acabar con las demás violencias organizadas. Por más arraigadas que ellas estén en la sociedad, es posible eliminarlas, ya que carecen de esa constante de reproducción que es la política. Pero lo que no es posible es acabar con la política, que es la esencia misma de cualquier sociedad, pues jamás se acabarán las desigualdades sociales, que son las que han nutrido la política a lo largo de la historia universal. Naturalmente que esas desigualdades sí pueden —y deben— estrecharse para lograr una mejor democracia.

Luego de las consideraciones anteriores, se plantea el tema del posconflicto y la Fuerza Pública. El primer punto al respecto es el gasto militar, que viene en ascenso. Este rubro aumentó poco a poco, al unísono con las mayores derrotas de los militares frente a las guerrillas, ocurridas en los dos últimos años del gobierno de Samper (1994-1998), y con la reestructuración militar forzada por Estados Unidos a través del Plan Colombia durante el gobierno de Pastrana (1998-2002). Pero, luego, ese gasto se encumbró. Según datos del Ministerio de Defensa, de 2,8% del PIB en 1994, se pasó a 5,2% en 2009.

Buena parte de ese crecimiento se debe al aumento de efectivos de la Fuerza Pública. Al comenzar el gobierno de Uribe, en 2002, sus efectivos eran de 313.406. De éstos, 203.283 correspondían a las Fuerzas Militares y 110.123 a la Policía Nacional. Al finalizar ese gobierno, en 2010, la Fuerza Pública había aumentado a 426.014 efectivos: 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional. En 2010, tales cifras fueron superadas en la región solamente por Brasil.

El problema de los recursos militares volvió a ventilarse el año pasado por motivo de un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri). Según este organismo, en 2012 el gasto militar en el país fue poco más de $21 billones, y en 2013 aumentó 13%, hasta llegar a $24 billones. Esa cifra duplica y supera los $10,6 billones gastados en 2004.

El mismo organismo señaló que el país de la región que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB es Colombia, seguido por Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela y Uruguay. Y añadió que los gastos militares incluyen compras e inversiones en rubros como Fuerzas Armadas, agencias gubernamentales de defensa, entrenamiento y equipos para operaciones militares. Tiene en cuenta también pensiones y seguridad social a miembros activos y en retiro y sus familias, mantenimiento de equipos, construcciones e investigaciones militares y servicios médicos.

En contraste, las guerrillas de las Farc y el Eln cuentan hoy con el menor número de efectivos en las últimas dos décadas. Por eso, para combatirlas no se necesita del aparataje militar que surgió a partir de la reforma adelantada durante el gobierno de Pastrana. Y tampoco se requieren ajustes estratégicos para enfrentarlas, ni incremento de recompensas por información y dádivas por deserciones, como ocurrió hace algunos años.

Pero lo que sí necesita la actual situación, sobre todo en un eventual posconflicto, es una reducción de las finanzas y los efectivos de las Fuerzas Militares, amén de la supresión del servicio militar obligatorio. Pero con sólo mencionar esa necesidad aparecen variadas y enconadas resistencias. Esas resistencias seguramente se moderarían si las negociaciones con las Farc —y ojalá con el Eln— culminaran de manera exitosa.

Entre los gastos que podrían reducirse se destaca el equipamiento militar que requiere ahora una guerra irregular, pues sus costos son enormes dada la sofisticación del instrumental en que desembocó la confrontación armada, como son los helicópteros, los aviones y los numerosos aditamentos de última generación para el combate. Además, hay que mirar la espiral de gastos con las prestaciones sociales acumuladas durante los tres lustros de crecimiento del número de militares —en servicio activo y en retiro— y también el número de jóvenes pensionados por causa de lesiones producidas por las “minas quiebrapatas” sembradas por las guerrillas.

 

 

  

Espere mañana la segunda entrega del análisis.

Con Información de El Espectador

Entornointeligente.com

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