El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas ha documentado un preocupante aumento en las agresiones contra trabajadores de medios de comunicación en Venezuela durante los primeros cinco meses de 2026, con un total de 97 casos registrados. Esta cifra representa un incremento significativo comparado con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 72 incidentes. Según el secretario general del CNP, Edgar Cárdenas, el país ha transitado "de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros".
Los tipos de agresiones documentadas durante este período revelan la magnitud del problema. El gremio reportó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos contra periodistas, 12 eliminaciones de material grabado, diez hostigamientos, ocho intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio. Estos números evidencian una estrategia sistemática de represión contra la prensa que va más allá de incidentes aislados, afectando múltiples aspectos del ejercicio periodístico.
A pesar de que la captura de Nicolás Maduro ha reducido algunos niveles de represión, persisten medidas restrictivas que limitan la libertad de prensa. El régimen chavista mantiene vigente el bloqueo contra decenas de medios digitales, incluyendo Infobea, una medida que continúa sin levantarse pese a las solicitudes del gremio periodístico ante la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática. Aunque la Ley de Amnistía ha permitido la excarcelación de varios periodistas, el CNP denuncia que seis reporteros aún enfrentan severas medidas cautelares que incluyen regímenes de presentación judicial, prohibición de salida del país y limitaciones para ejercer su profesión, manteniéndose en un estado de indefensión legal.
Los casos documentados muestran la brutalidad y sistematicidad de las agresiones. En Miranda, guardaespaldas de un gobernador intentaron arrebatar el teléfono a un reportero e impidieron que realizara preguntas al funcionario, mientras que en Monagas, policías amenazaron a comunicadores y los obligaron a borrar material periodístico, con funcionarios advirtiendo a periodistas que conocían dónde vivían. Estas acciones representan no solo violaciones a derechos fundamentales, sino intentos deliberados de silenciar la cobertura informativa independiente en el país.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
