El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, alertó que Venezuela inicia el Mes del Periodista en un entorno marcado por la hostilidad y la asfixia para los profesionales de la comunicación. Durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron 97 agresiones contra la prensa, cifra que representa un incremento preocupante en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron apenas 72 casos. Este aumento del 35 por ciento refleja el deterioro progresivo de las condiciones laborales para los periodistas en el país.
Edgar Cárdenas, secretario general del gremio caraqueño, calificó el panorama actual como sumamente crítico, caracterizado por patrones de persecución sistemática y el quebrantamiento de las garantías constitucionales para el libre ejercicio informativo. Según su análisis, la situación ha evolucionado de una política basada en incidentes aislados hacia una censura estructural y sistemática. Esta censura se manifiesta a través de detenciones arbitrarias, impedimentos para cubrir eventos de interés público y la deportación de corresponsales extranjeros que trabajan en territorio nacional.
El desglose de las 97 agresiones registradas muestra la diversidad de mecanismos utilizados para silenciar a la prensa. Las detenciones arbitrarias encabezan la lista con 18 casos, seguidas por impedimentos de cobertura con 16 casos y deportaciones de corresponsales con 15 incidentes. Otros actos agresivos incluyen ataques directos contra periodistas (12), borrado de material grabado (12), hostigamiento (10), intimidación (8) y cierre de emisoras de radio (4). Esta radiografía de la represión evidencia un enfoque multidimensional destinado a limitar la capacidad informativa del sector.
Una situación particularmente grave es la de seis periodistas y trabajadores de la comunicación que, aunque fueron excarcelados, permanecen sin libertad plena. Estos profesionales enfrentan severas medidas cautelares restrictivas como presentación judicial obligatoria, prohibición de salida del país y limitaciones para ejercer su oficio o declarar a los medios. Cárdenas denunció además que este panorama de amedrentamiento se ejecuta amparado en un andamiaje jurídico diseñado específicamente para legitimar la censura y castigar la disidencia informativa.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
