¿Cómo frenar la violencia en el Cauca y proteger a líderes sociales? Habla la Ministra del Interior - EntornoInteligente
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En el Cauca, como en otros territorios, el principal problema es el narcotráfico. La expansión de cultivos ilícitos a la sombra de un equivocado proyecto de sustitución de cultivos que se convirtió en incentivo perverso, así como la parálisis de aspersión, generaron un crecimiento absurdo del narcotráfico y detrás de este una disputa de grupos armados organizados por el control de las economías ilegales que este genera”.

Así define la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la problemática social y de violencia que afecta actualmente al departamento del Cauca y en especial a su población indígena.

La funcionaria también habló con El País sobre los retos que enfrentará el Gobierno durante la legislatura que se inicia y las alertas electorales.

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En el balance del primer año de Gobierno Duque el Gabinete pasó ‘raspando’. ¿Usted, como mano derecha del Presidente, qué responde?

El Gobierno tiene la tranquilidad de un primer año de construcción de un Plan Nacional de Desarrollo que recogió las necesidades y la opinión de la gente en todas las regiones. En el Plan, por primera vez se aprobaron capítulos especiales para indígenas, para comunidades negras y afro, con montos definidos de inversión social e indicadores para el seguimiento.

En el año hay resultados concretos. En educación, por ejemplo, el incremento del 45 % de los recursos del PAE 2019, que benefició a 300.000 niños adicionales; se creó la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, que da institucionalidad y transaparencia a los recursos destinados para tal fin, y se comprometió el presupuesto más grande para educación superior pública, con $4,5 billones para los cuatro años. En salud, se aprobó la ley de punto final, que sanea el problema de deudas entre EPS, IPS y proveedores, de manera que impactará la atención.

También se han cuestionado las relaciones poco efectivas del Gobierno con el Congreso…

Las relaciones entre el Ejecutivo y Congreso se han desarrollado en el marco del respeto y la independencia, que ha llevado a una discusión constructiva. La gran reforma política del presidente Duque fue cambiar el estilo de relacionamiento con el Congreso. Ya se empieza a reconocer este gran avance de transparencia que tanto pedía el país. En la legislatura pasada se aprobaron 16 iniciativas fundamentales para consolidar la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que son las bases del Gobierno.

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¿Qué se va a hacer para que no se vuelva a presentar otro trancón legislativo que enrede la aprobación de los proyectos grandes?

Quedaron pendientes las normas anticorrupción, como la ampliación de uso de pliegos tipo para toda la contratación pública, la obligación para todos los funcionarios con representatividad de publicar la declaración de renta, la reforma para hacer visible los conflictos de intereses de servidores públicos.

Al proyecto anticorrupción, que se hundió en el último momento en la Cámara y que se presentó de nuevo, el Presidente le envió mensaje de urgencia. También estamos trabajando con los congresistas que presentaron las iniciativas de la cadena perpetua e imprescriptibilidad para violadores de niños.

¿Pero habrá otras prioridades legislativas para el Gobierno?

Además serán prioritarios la reforma a las regalías y obviamente el presupuesto, en el que esperamos que el debate sea sincero, partiendo de las limitaciones fiscales que tiene el país.

¿Qué reflexión se ha hecho sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el partido de Gobierno, dado que el año pasado hubo tensiones?

Recordemos que además del Centro Democrático, hay otros partidos de Gobierno: el Conservador, la U, Mira y Colombia Justa y Libre. Con ellos hemos tenido una relación cordial, de mutuo apoyo, pero también de disenso en el marco de las discusiones propias de la dinámica del Congreso. En general, el mecanismo de diálogo se mantiene tanto con partidos de Gobierno, como con los independientes y los de oposición, porque, como ha dicho el presidente Duque, por encima de las diferencias, se trata de construír país.

Sin embargo, obviamente con los de Gobierno hay una estrecha relación derivada de la identidad programática, que ha sido fundamental para impulsar la agenda legislativa.

Este lunes se cumple un año de la Consulta Anticorrupción, ¿a qué se compromete el Gobierno con respecto a ese paquete de proyectos?

El Gobierno sigue comprometido en defender, impulsar y promover las iniciativas anticorrupción. En la legislatura pasada se aprobó el que extiende la obligación de rendir cuentas. Ya le mencioné que hay tres de estas a las que les falta un debate en la Cámara, para convertirse en ley.

El Gobierno presentó con la Fiscalía y algunos partidos el proyecto hundido, con mensaje de urgencia, como se comprometió el Presidente.

Además, la Vicepresidenta lidera el proyecto de prevención de corrupción Pedro Pascasio Martínez.

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Usted, como la ‘apaga incendios’ del Gobierno, ha tenido que enfrentar la situación de los indígenas en el Cauca. ¿Cómo analiza la violencia que los está afectando?

Los 102 pueblos indígenas tienen grandes necesidades. Es la población con mayor índice de pobreza en el país, por encima del promedio nacional. En el Cauca, como en otros territorios, el principal problema es el narcotráfico. La expansión de cultivos ilícitos a la sombra de un equivocado proyecto de sustitución de cultivos que se convirtió en incentivo perverso, así como la parálisis de aspersión, generaron un crecimiento absurdo del narcotráfico y detrás de este una disputa de grupos armados organizados por el control de las economías ilegales que este genera.

¿Pero hay ilegalidad entre ellos?

Las autoridades indígenas, en su mayoría, están contra las actividades ilícitas. El problema es que quieren enfrentar a estos grupos por sus propios medios. El Gobierno ha ofrecido un trabajo coordinado y concertado entre el Estado y las autoridades indígenas, departamentos, municipios, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la comunidad. Estamos esperando su respuesta.

Desde el primer día de Gobierno, el presidente Duque ha manifestado su disposición al diálogo permanente con los indígenas y a la construcción de confianza entre las partes, fundamentada en el principio de no establecer compromisos que no se pueden cumplir. Les ofreció la construcción de un capítulo especial en el Plan de Desarrollo y lo cumplimos, y se definió un plan de inversiones a cuatro años, con un monto aproximado de 10 billones encaminado a la superación de la pobreza, cuyo indicador es el más alto en la población colombiana.

Hay la sensación de que la violencia en el Cauca se le está saliendo de las manos al Estado…

El Estado tiene el control. Sin embargo, las autoridades son prudentes, pues es un territorio pluriétnico, en donde hay varios pueblos indígena, comunidades negras y afro, que son amenazadas por esos criminales.

Para protegerlos, la presencia del Gobierno es permanente. De un lado la Fuerza Pública, como elemento principal para la seguridad, pero al tiempo mantenemos un diálogo con las organizaciones indígenas y de comunidades negras. Se ha priorizado un plan de acción, sobre el cual tenemos un permanente seguimiento a fin de cumplir en los tiempos previstos en el Plan de Desarrollo.

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¿Cree que hay riesgo de que se vuelva a producir un taponamiento de la Vía Panamericana?

El Gobierno no lo permitirá. Las vías de hecho afectan de manera injusta a miles de ciudadanos. Estamos en constante diálogo con las comunidades étnicas de la región. Tenemos toda la voluntad y disposición para cumplirle a las comunidades con lo que nos hemos comprometido. Este Gobierno solo se compromete a cosas que puede cumplir y tiene claro que no permitirá nunca más vías de hecho que perjudiquen a otros.

Retomando lo de la ‘apaga incendios’, ¿cómo va la protección de los líderes sociales?

Bueno, el tema de bomberos también es competencia del Ministerio del Interior (risas). Partiendo de este apunte, le digo que lamentablemente encontramos un país con graves problemas, entre ellos el de amenazas y homicidios de líderes sociales. El tema ha sido preocupación del Presidente desde antes de su posesión, nos encargó una rápida estrategia y se creó el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas, como un mecanismo de articulación entre las diferentes entidades del Estado. A través de este hemos visitado 30 zonas críticas, señaladas en las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo y se ha identificado que, además del riesgo de la vida, existe un macabro aumento del delito de reclutamiento de niños y jóvenes para incorporarlos a las filas de grupos armados. La gente exige la presencia de la justicia, fiscales y jueces, para derrotar la impunidad.

Delitos electorales ¿Cómo se va evitar la comisión de delitos electorales?

“La guerra contra la corrupción debe ser un compromiso de toda la sociedad. En ese camino la garantía de unas elecciones seguras y transparentes es prioridad para el Presidente. Desde julio se creó el Plan Agora, que articula Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, altas cortes, entidades territoriales y Gobierno Nacional, para generar un trabajo conjunto que dé respuesta a las quejas, que vienen aumentando semana a semana y que para el 22 de agosto, ya suman 1224”.

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LINK ORIGINAL: El Pais

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