Cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) serán presentados ante un tribunal en Venezuela tras ser señalados por la detención de 33 hombres en un local de entretenimiento LGTBI ubicado en Barquisimeto, estado Lara. El procedimiento fue ejecutado el sábado e incluyó un allanamiento que varias organizaciones no gubernamentales denunciaron como ilegal y acompañado de actos de extorsión. El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal contra los agentes implicados, asignando a la Fiscalía 21 de Lara y la Fiscalía 98 Nacional, con competencia en derechos humanos y diversidad de género, para llevar adelante las pesquisas sobre el presunto allanamiento y actos contrarios a la ética pública.
Durante el operativo, los agentes acusaron a las personas de "ejercer el delito de la homosexualidad", una figura que no está tipificada en la legislación venezolana. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y Movimiento Somos denunciaron que los 33 hombres fueron retenidos durante diez horas, sometidos a humillación pública y exponiendo su orientación sexual ante familiares y amigos. El hecho generó un inmediato pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que ofreció acompañamiento y mediación a las víctimas, además de activar mecanismos de articulación con el Ministerio Público y la PNB.
Venezuela carece de leyes que reconozcan derechos fundamentales para la comunidad LGTBI, incluyendo el matrimonio igualitario y el cambio legal de identidad de género. Las personas trans deben identificarse legalmente con un nombre que no las representa, mientras que las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni acceder a derechos patrimoniales y sucessorios. Defensores de derechos humanos han denunciado la existencia de actos arbitrarios y discriminatorios perpetrados incluso por las autoridades del Estado, reflejando un patrón sistemático de vulneración de derechos.
Este no es el primer caso de detenciones discriminatorias contra la comunidad LGTBI en el país. En julio de 2023, ocurrió un caso similar en Valencia, estado Carabobo, cuando 33 hombres fueron arrestados en un spa privado bajo cargos de "ultraje al pudor" y "agavillamiento". Tras protestas de sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, 30 de ellos recibieron libertad condicional y el resto, incluido el dueño del local, fue liberado días después. Estos antecedentes evidencian la persistencia de prácticas represivas contra la población LGTBI en Venezuela.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
