La CIDH advierte sobre la persistencia de fallas en el sistema hospitalario, dificultades en el acceso al agua potable, necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial ante los impactos individuales y colectivos derivados del desastre La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresan su preocupación ante la magnitud de la emergencia humanitaria en Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio y urgen al Estado a garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la situación actual y las acciones de respuesta. A través de un comunicado publicado este 28 de julio, señalan que la catástrofe natural ocurrió en un contexto preexistente de ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria caracterizado por el deterioro sostenido de la democracia, limitaciones de los derechos humanos, patrones de represión, crisis económica y deficiencia en los servicios básicos. En este contexto, afirman, la capacidad de respuesta estatal es limitada. Entre las preocupaciones manifestadas por la CIDH y la Relatoría Especial se encuentran: fallas en el sistema hospitalario, dificultades en el acceso al agua potable, necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial ante los impactos individuales y colectivos derivados del desastre. De igual manera, subrayan que persisten las limitaciones en la remoción de escombros, identificación de personas fallecidas, entrega de restos a sus familiares y gestión digna de los cuerpos. Los reportes recibidos en estas instancias internacionales dan cuenta de una sobrecarga de las morgues y servicios forenses, así como barreras económicas para el acceso a servicios funerarios. Otro problema a atender, expresa la CIDH, es el aumento de personas desplazadas por la pérdida de sus viviendas y los riesgos de desplazamiento interno hacia otras zonas del país. En este sentido, alerta sobre posibles traslados no voluntarios de personas afectadas por la emergencia a otros estados y falta de información pública sobre los protocolos aplicables al traslado y reubicación de personas damnificadas en albergues temporales. *Lea también: Caracas, 1967-2026: una ciudad, dos terremotos y la memoria que resiste Ante las preocupaciones expresadas, la CIDH y Redesca llaman a fortalecer la respuesta humanitaria y la protección de derechos. Entre sus exigencias al Estado venezolano se encuentran: *Establecer mecanismos adecuados de registro, información y acompañamiento para las personas afectadas. *Facilitar la reposición de documentación personal perdida como consecuencia del desastre y garantizar que cualquier medida de traslado, reubicación o retorno sea voluntaria, informada, segura y digna, con pleno respeto de la unidad familiar. *Garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta. *Garantizar el acceso efectivo a salud, agua potable, saneamiento, alimentación, vivienda y otros servicios esenciales, tanto en las comunidades afectadas como en los albergues temporales. *Ofrecer especial atención a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o con necesidades continuas de atención en salud, así como personas privadas de libertad. *Implementar todas las medidas necesarias, incluyendo la cooperación internacional, para asegurar una gestión digna de los cuerpos. *Garantizar procesos adecuados de búsqueda, recuperación, identificación, entrega y tratamiento de las personas fallecidas, con respeto a sus familiares y a las prácticas culturales y religiosas de las comunidades. *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
