La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció este miércoles una brecha significativa entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el régimen venezolano y la realidad verificada por organizaciones independientes. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez afirma que más de 8.000 personas fueron beneficiadas por la ley de amnistía promulgada en febrero, solo 186 cuentan con libertad plena y 554 permanecen bajo medidas cautelares, según monitoreos independientes llevados a cabo por la sociedad civil.
El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, señaló ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que la mayoría de las personas excarceladas enfrentan un régimen de libertad vigilada con múltiples restricciones. Estas incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y limitaciones para manifestarse o comunicarse con medios de comunicación, configurando lo que la CIDH considera como una libertad condicionada y no verdadera.
La organización regional alertó sobre cláusulas ambiguas en la legislación de amnistía, particularmente el artículo 9, que mantiene abierta la posibilidad de procesar a opositores por supuestos vínculos con actores extranjeros. Este análisis cobra mayor relevancia considerando que los tribunales y la fiscalía encargados de aplicar la amnistía son las mismas instituciones que participaron en detenciones arbitrarias y torturas durante el régimen anterior, cuestionando la capacidad de reparación de estos órganos.
La CIDH también expresó preocupación por la eliminación de antecedentes sin salvaguardas de archivo, lo que podría comprometer futuros procesos de rendición de cuentas. El organismo no ha podido realizar visitas in situ al sistema carcelario venezolano desde 2017, limitando su capacidad de verificación directa de las condiciones de encarcelamiento y tratamiento de detenidos.
Fuente: Infobae — Ver nota original
