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Director del BROU es vicepresidente de empresa que mantiene demanda millonaria al Estado

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Piero Taliento, director de Vidaplan S.A., comunicó a los empleados la resolución del directorio — integrado también por Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente) — de que el Nogaró no iba a abrir sus puertas y dispuso que no ingresaran sus empleados ni los funcionarios de Casinos

Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto en el directorio del Banco República (BROU), ya había sido noticia la semana pasada cuando el semanario Búsqueda dio a conocer que este está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) generada por una empresa de la que es director. Este jueves el semanario publicó una nueva noticia que informa que Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A., la compañía que maneja el Casino Nogaró de Punta del Este y que demanda al Estado por US$ 50 millones.

La demanda a la Dirección General de Casinos (DGC) comenzó en mayo del año pasado, un mes después de que Sitjar asumiera la dirección del BROU. Según fuentes del semanario, esta sería «por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal» por el casino de Punta Shopping. El Estado ya habría contestado y las autoridades descartan que se vaya a negociar una «solución extrajudicial» con la empresa.

Por otro lado, la empresa se opone desde agosto a reabrir sus puertas pese a la resolución del Poder Ejecutivo, que en agosto ordenó la reapertura de las salas de juego luego de que fueran cerradas en marzo de 2020. El casino es mixto, es decir, es explotado por la empresa y por el Estado. La DGC presentó una denuncia penal por el delito de «justicia por mano propia», porque sus trabajadores no podían acceder a su lugar de trabajo.

Piero Taliento, director de Vidaplan S.A., comunicó a los empleados la resolución del directorio — integrado también por Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente) — de que el Nogaró no iba a abrir sus puertas y dispuso que no ingresaran sus empleados ni los funcionarios de Casinos.

La fiscal del caso, Ana Roses, en octubre pidió la formalización de Taliento al comprobar que «mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso», asegura el semanario.

Asimismo, el Estado resolvió compensar económicamente a los trabajadores a través de un decreto que aclara: «La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto’), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan S.A, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos».

Francisco D Agostino Casado

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