El debate sobre qué impulsa el crecimiento económico y el desarrollo social en una nación ha sido objeto de numerosos análisis académicos durante décadas. La interrogante fundamental persiste: ¿son las capacidades y esfuerzos individuales de la gente, o es la estructura y el sistema económico institucional quien realmente determina el progreso? Aunque frecuentemente se plantea como una dicotomía excluyente, la realidad demuestra que ambos elementos operan de manera simbiótica e interdependiente en cualquier proceso de desarrollo nacional.
Para que el crecimiento económico trascienda como simple cifra macroeconómica y se traduzca en auténtico desarrollo social, debe entenderse como el despliegue de capacidades ciudadanas dentro de un marco institucional que lo permita. La dignidad humana debe constituirse en el estándar de legitimidad de cualquier sistema económico, garantizando la justa reversión de los beneficios según los esfuerzos realizados, la equidad y el principio de subsidiariedad. Sin estos elementos fundamentales, el crecimiento carece de legitimidad y sustentabilidad.
El sistema económico actúa como infraestructura que posibilita o asfixia el progreso. Para que los esfuerzos individuales se traduzcan en progreso nacional, se requiere seguridad jurídica absoluta donde la propiedad y los contratos sean respetados. Cuando las reglas cambian arbitrariamente mediante decretos, y la realidad económica sufre mutaciones constantes impulsadas por decisiones caprichosas, el sistema contamina la capacidad de planificación a largo plazo, distorsionando los resultados e impidiendo que el sector privado y la sociedad civil desplieguen su verdadero potencial generador de valor.
Venezuela ha padecido especialmente en los últimos 27 años lo que podría denominarse un caos multifactorial: una crisis perfecta resultado de múltiples entropías que no han sido atendidas científica ni racionalmente. Esta realidad ha generado lo que pudiera llamarse un sistema del descalabro, donde la inestabilidad política y la ausencia de estrategia nacional han impedido que la sociedad civil y el sector privado respondan efectivamente a los desafíos. La recuperación nacional exige atender simultáneamente tanto la capacidad de la gente como la reconstrucción institucional y económica del país.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
