El Ministerio de Educación Universitaria del gobierno chavista intentó deslindar responsabilidades este martes respecto a los retrasos en el pago del Bono de Responsabilidad Académica, luego de que varias universidades del país convocaran un paro de 24 horas para exigir mejoras salariales y condiciones dignas en el sector educativo. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el despacho ministerial argumentó que hasta la fecha no ha recibido de las instituciones de educación superior la información consolidada sobre el personal que no ha percibido el beneficio económico.
Según la posición del ministerio, mientras las universidades no consignen las nóminas actualizadas y debidamente consolidadas, la cartera no puede responsabilizarse por los retrasos o la falta de pago en casos individuales. Esta postura genera controversia especialmente cuando las denuncias de exclusión y pagos incompletos se han multiplicado en los últimos días, afectando a docentes, trabajadores y jubilados del sector. El organismo también enfatizó que la consolidación de los datos corresponde estrictamente a cada universidad, trasladando la carga administrativa nuevamente a las casas de estudio.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) contradice directamente la versión oficial al denunciar que apenas el 25 por ciento del profesorado recibió el bono prometido por el gobierno. El presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, exigió explicaciones claras sobre los criterios utilizados para asignar el pago y reclamó la inclusión inmediata de los docentes y jubilados que quedaron excluidos del beneficio económico.
Esta situación refleja el creciente malestar en el sector universitario venezolano, donde los salarios han sido severamente erosionados por la inflación. Las universidades públicas enfrentan una crisis que afecta tanto a los trabajadores activos como a los pensionados, generando tensiones entre las instituciones educativas, el magisterio y un gobierno que busca evadir responsabilidades administrativas en medio de la debacle económica nacional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
