La conmoción provocada por la muerte de Carmen Navas, conocida como la madre coraje, ha forzado al gobierno de Delcy Rodríguez a realizar varias excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. El régimen chavista ha ordenado una investigación sobre lo ocurrido en el caso de Navas, quien buscó durante 16 meses a su hijo desaparecido en poder de las autoridades. Esta presión internacional y nacional ha obligado a abrir las puertas de las cárceles donde permanecen cerca de 500 presos políticos tras el fallido proceso de amnistía anunciado por el gobierno.
Entre los liberados se encuentra Samantha Sofía Hernández, una estudiante de 16 años secuestrada en noviembre por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde la casa de sus abuelos en Caracas. Su único delito era ser la hermana menor del teniente Cristhian Hernández, militar exiliado que forma parte del llamado Ejército Libertador. Tras seis meses de encarcelamiento, la adolescente pudo reencontrarse con sus abuelos, aunque el calvario familiar continúa con otros miembros detenidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como CECODAP han celebrado la liberación, aunque denuncian que la adolescente nunca debió haber estado privada de libertad. El coordinador general de la organización, Carlos Trapani, afirmó que Samantha fue víctima de meses de sufrimiento y daño acumulado a sus derechos como adolescente. Sin embargo, advirtió que el proceso judicial continuará para lograr justicia plena por el caso.
La familia de Samantha sigue fragmentada por represalias del régimen. Su hermana Aranza, de 19 años, permanece en la prisión de las Crisálidas, mientras que su primo y su tío están recluidos en el Rodeo 1, considerado el mayor centro de torturas de América. Estos encarcelamientos responden a la táctica del sippenhaft, represalias contra familias de militares disidentes, un método Nazi adaptado por el chavismo durante la última década. Naciones Unidas ha documentado casos de hijas y madres torturadas y violadas durante detenciones clandestinas en Venezuela.
Fuente: El Mundo — Ver nota original
