El régimen chavista ha iniciado el desmantelamiento de la polémica jurisdicción de terrorismo, que desde su creación ha sido utilizada sistemáticamente para procesar y condenar a dirigentes y militantes de la oposición venezolana. Según información del abogado Omar Mora Tosta, los expedientes de tres importantes representantes de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, fueron trasladados a tribunales penales ordinarios que funcionan en el interior de la República. Este movimiento marca un giro significativo en la administración de justicia del país tras años de utilización de estos tribunales especiales para fines políticos.
Expertos legales subrayan que los tribunales de terrorismo nunca debieron existir, ya que fueron creados mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia y no a través de una ley, lo que los convierte en órganos inconstitucionales desde su origen. El abogado Omar Mora Tosta enfatiza que estos tribunales funcionaron como instrumentos ad hoc proscritos internacionalmente, cuya única función fue juzgar por razones políticas a personas procesadas bajo cargos de terrorismo. Joel García, especialista en Derecho Penal, califica esta situación como un vicio insubsanable de nulidad absoluta que compromete la legitimidad de todas las decisiones dictadas.
La inconstitucionalidad de origen de esta jurisdicción especial genera interrogantes sobre la validez de todos los procesos tramitados en estos tribunales. García advierte que el simple traslado de causas a juzgados ordinarios no elimina la afectación de los derechos fundamentales de quienes fueron juzgados, pues si la jurisdicción era inconstitucional, todas las privaciones de libertad, acusaciones y condenas previas están viciadas de nulidad. Continuar estos procesos en tribunales ordinarios vulnera flagrantemente el debido proceso y perpetúa la arbitrariedad, por lo que se requiere una declaratoria integral de nulidad para restaurar el Estado de Derecho.
Organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia demandan que se anulen completamente los juicios y se libere a todas las personas que fueron procesadas o condenadas por estos tribunales ilegítimos. La ONG subraya que la existencia de estos juzgados carecía de sustento legal y que su actuación se desvió claramente de la persecución de delitos financieros para consolidarse como un instrumento de represión política contra la disidencia. El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez, estuvo preso durante aproximadamente dos años bajo estos tribunales, siendo emblemático de la persecución política que caracterizó a esta estructura judicial.
Fuente: Infobae VE — Ver nota original
