José Gregorio Briceño, exgobernador del estado Monagas y servidor público con amplia trayectoria política, ha dirigido una carta pública al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela para denunciar la gravísima situación que enfrentan las instituciones judiciales en su entidad. Briceño, quien ha ejercido diversos cargos públicos incluyendo alcalde, diputado y corredactor de la Constitución Nacional, se dirige desde el exilio donde permanece desde hace casi catorce años, expresando su deber moral e histórico de informar sobre la degradación sin precedentes en la historia republicana que padecen los tribunales monagatenses.
En el estado Monagas existen actualmente dieciséis presos políticos, siendo el caso más emblemático la denominada Causa 20/20, que involucra a nueve ciudadanos detenidos desde 2020 acusados del cargo de intentar secuestrar al dirigente Diosdado Cabello Rondón. Según Briceño, los acusados fueron sometidos a torturas extremas incluyendo descargas eléctricas, extracción de uñas y violencia sexual, documentándose la muerte de al menos uno de los detenidos en prisión. A pesar de realizarse tres juicios y más de setenta audiencias en seis años, los dos primeros procesos fueron anulados por falta absoluta de pruebas, lo que pone en evidencia la fragilidad de las acusaciones.
En el tercer juicio concluido recientemente, siete de los acusados fueron sentenciados a veintiséis años de prisión mientras que uno fue puesto en libertad por su militancia en el partido gobernante PSUV. Esta discriminación en el trato judicial basada en la afiliación política evidencia, según el exgobernador, que no se trata de justicia sino de venganza política administrada a través de las instituciones judiciales, donde la sentencia parece predeterminada independientemente de las pruebas.
Briceño subraya que lo ocurrido en Monagas no representa una anomalía aislada sino que refleja el funcionamiento degradado de todo el sistema judicial venezolano, convertido en instrumento de persecución y escarmiento. Cuando los tribunales condenan sin pruebas, la tortura precede al veredicto y la militancia partidista determina la libertad o el encarcelamiento de los ciudadanos, argumenta, ya no existe un poder judicial sino una maquinaria de represión política institucionalizada.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
