El sector turístico nacional enfrenta una crisis de sostenibilidad debido a una presión fiscal extraordinaria que compromete su viabilidad económica. Según datos de Conseturismo, las empresas turísticas destinan más del 50% de sus ingresos brutos al cumplimiento de obligaciones tributarias en los tres niveles administrativos: nacional, estadal y municipal. Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conseturismo y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, advierte que la arquitectura fiscal actual es sumamente compleja y que resulta "muy cuesta arriba mantener los negocios cuando se actúa dentro del marco de la formalidad". Esta situación coloca a los prestadores de servicios legales en una desventaja competitiva frente al sector informal, que no asume impuestos ni fiscalizaciones.
La carga tributaria no solo se limita a los montos exigidos, sino que también incluye costos administrativos significativos. El abogado tributarista Daniel Betancourt explica que las empresas requieren personal especializado para cumplir con los deberes formales establecidos por las autoridades. El sistema tributario incluye el Impuesto sobre la Renta (ISLR), el IVA, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y una contribución especial del 1% sobre ingresos brutos para el Instituto Nacional de Turismo. Recientemente se añadió el aporte del 9% por la Ley de Pensiones, incrementando significativamente el peso financiero sobre las nóminas de las empresas turísticas.
A la presión fiscal se suma el colapso de los servicios públicos fundamentales, particularmente en destinos turísticos como la Isla de Margarita. La operatividad de muchos negocios depende de la autogeneración eléctrica privada y de la contratación de camiones cisterna para el suministro de agua potable, lo que multiplica los costos operacionales. Betancourt señala que "el que no autogenera electricidad no tiene oportunidad de competir", una realidad que reduce drásticamente la competitividad de Venezuela frente a destinos internacionales como Bogotá o Punta Cana, donde los costos finales para el turista son sustancialmente menores.
Antes esta realidad adversa, existe una herramienta legal poco utilizada: la Ley Orgánica de Turismo prevé exenciones de IVA para el turismo receptivo que podría aliviar parcialmente la carga fiscal. Sin embargo, Herrera aseguró que este beneficio tiene un "uso escaso en la práctica", lo que sugiere deficiencias en la aplicación de políticas que deberían estimular este sector estratégico para la economía nacional.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
