Borrador constitucional: Expertos manifiestan la relevancia de estimar el impacto financiero y económico del texto

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«¿Cuánto cuesta la nueva Constitución? No lo sabemos», a lertó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber a Emol . Es que claro, no existe un informe financiero que acompañe al borrador despachado recientemente por la Convención Constitucional para que inicie su proceso de armonización, ni tampoco se ha realizado ningún tipo de estimación de cuánto costaría implementar las propuestas contenidas en el texto y el impacto económico que estas tendrían.

Las razones de ello pueden ser varias, pero principalmente, a ojos de expertos, desarrollar el mencionado ejercicio puede resultar extremadamente complejo y de largo aliento, lo que no quita que sea relevante desde diversas aristas, como, por ejemplo, evaluar la velocidad con la que se debería aplicar el proceso de transición de la eventual nueva Constitución, ya que confeccionar una «hoja de ruta» eficiente se tornaría más fácil al conocer estimaciones respecto tanto a su impacto fiscal, como también en términos de empleo o inversión.

Un tema que abordó en conversación con Emol el economista y coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González . En primer lugar, explicó que conocer el detalle del costo que tendrían los 499 artículos que contiene el borrador «puede tomar mucho tiempo y no va a ser de una vez», dado que varias de las propuestas requerirán de trámites legislativos para conocer «la bajada» de las iniciativas.

«No basta con el cambio en la Constitución, si es que se concreta, para lo que esté ahí le llegue directamente a las personas, sino que vamos a tener por un proceso en algunos casos largo de proyectos e ley que va a tener que mandar el Ejecutivo, este Gobierno o los que vengan, y que va a tener que ser discutido en el Congreso», explicó, agregando que el borrador tiene «principios bastante generales sobre una serie de iniciativas y eso hace complejo estimar el costo de las propuestas que ahí hay».

«Entonces, se requiere ese nivel de detalles que solo está en los proyectos de ley, pero no en la Constitución, para poder hacer una estimación más certera de los costos», resaltó. Dicho eso, aseguró que lo que sí se puede hacer con la información hoy disponible es estimar «un costo máximo. Esto, pensando en los mayores gastos que podría haber si es que se ejecutan todas las iniciativas que están en la Constitución a cabalidad». Y, a juicio de González, es «importante» que ese ejercicio se haga.

«Es bien importante cuantificar el costo de estas medidas, así como también el impacto económico que estas tienen, que es aún más difícil», dijo, añadiendo que «si queremos tener una discusión seria y responsable, debiéramos cuantificar no solo el impacto fiscal, sino que también el impacto económico que tienen los cambios que se están proponiendo, me refiero a los cambios en los incentivos a invertir, a ahorrar o los potenciales efectos en el empleo que esto podría tener».

«Es importante porque básicamente eso va a dar alguna luz respecto de la velocidad o profundidad con la cual se tienen que hacer los cambios si es que se termina aprobando este proyecto constitucional, porque si uno evalúa que los costos son muy significativos, ya sea en términos financieros o económicos, eso debiera generar una transición distinta, una mayor gradualidad que si estima que los costos en realidad no son tan altos y que los impactos económicos no son significativos. Por eso es importante contar con esa información». Hermann González » Es importante porque básicamente eso va a dar alguna luz respecto de la velocidad o profundidad con la cual se tienen que hacer los cambios si es que se termina aprobando este proyecto constitucional, porque si uno evalúa que los costos son muy significativos, ya sea en términos financieros o económicos, eso debiera generar una transición distinta, una mayor gradualidad que si estima que los costos en realidad no son tan altos y que los impactos económicos no son significativos. Por eso es importante contar con esa información», acotó el economista.

Una opinión similar es la manifestó a este mismo medio Carlos Smith, investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, quien coincidió en que calcular estos costos es «muy complejo» y alertó que efectivamente » no hay nada que indique cuánto va a salir eso y es muy relevante, más en la situación en que estamos donde el crecimiento va a ser poco, los ingresos del Estado van a ser pocos y, por lo tanto, durante este periodo de transición y lo que se viene, que son periodos de estrechez, hay que cuidar la plata».

Tras ello, insistió en que estimar el costo fiscal y económico de las propuestas constitucionales «es bastante compleja, porque los supuestos que tienen que hacer hoy día son muy volátiles», además de que «no hay detalles. «Como hay muchas cosas que van a depender de la ley, no hay detalles de ciertas cosas como, por ejemplo, la cantidad de asesores que podrían tener los cargos nuevos de estas nuevas cámaras, de los cargos que se crean en regiones. Es bien complejo y, la verdad, es muy relevante».

Sin esos cálculos, sostuvo Smith, esto «se puede terminar transformando en algo que finalmente no se puede cumplir, o se puede cumplir, pero que implica eventualmente en una nueva reforma tributaria».

¿Quiénes podrían calcular esto? Por otro lado, González, de Clapes UC, ahondó en las entidades que podrían realizar estos ejercicios. «Respecto de los impactos financieros, la Dirección de Presupuestos es la que está mejor preparada para hacerlo, sin lugar a dudas», mientras que, por el lado de los impactos económicos, «yo creo que instituciones como la Comisión Nacional de Productividad podría tener ahí un rol importante».

«Han hecho algunas estimaciones de impacto bien interesantes. Pero -al igual que la Dipres- capaz que sea necesario reforzar equipos, porque el desafío es mayor y no estoy seguro que con las capacidades actuales sea suficiente como para que una entidad haga esto, pero creo que ambas tienen los conocimientos y la legitimidad para hacer estimaciones de este tipo», agregó, y recalcó que «es un trabajo que toma tiempo y si se hace en este momento, en el que solo tenemos el borrador constitucional, uno va a poder determinar algunos bordes, pero no el impacto específico. Eso requiere tener los proyectos de ley.

Las «sensaciones» de economistas por borrador» Por otra parte, economistas han manifestado sus «sensaciones» respecto al contenido del borrador de la nueva Constitución, y si bien reconocen que varios temas que generaban especial inquietud -como la nacionalización de la minería o que el Banco Central dejase de ser autónomo- no se incluyeron en el texto, de todas formas apuntan a que ciertas normas aprobadas han dejado importantes dudas, además de cuestionamientos por ciertos aspectos que no estarían completamente definidos o demasiado abiertos a interpretaciones que más tarde deberá ajustar la ley, lo que hace que la incertidumbre en torno al proceso se extienda aún más.

Para el economista y académico de la U. de Chile, Joseph Ramos, no hay nada que sea destructivo en el borrador, «p ero sí hay pequeños desgastes en distintos ámbitos», dijo a radio La Clave. Por ejemplo, comentó, el tema de la expropiación, que antes estaba a valor de mercado o patrimonio perdido, se elimina eso y queda ‘precio justo’, y solo cabe pensar que el justo precio no es el valor de mercado».

«Eso crea una ambigüedad que para el inversionista potencial es una limitante», aseguró. «Creo que también muchos temas ambientales se han impuesto sin el contrapeso de crecimiento. Todos sabemos que no hay tal cosa como una política que es puramente ambientalista o puramente crecimiento, uno necesita una combinación de las dos cosas», añadió.

«Mi sensación es que, en general, va a haber mucha judicialización debido a las ambigüedades que tiene el propio texto, así como muchas lagunas que va a tener que ir llenado el legislador en el futuro. Mientras esas lagunas no se llenen y mientras la judicialización exista, eso es un desincentivo a la inversión. Entonces, diría que mi temor es que pedacitos por todos lados debilitan el incentivo o crean incertidumbre respecto a la inversión, y en ese sentido el conjunto va a ser negativo para el crecimiento», subrayó Ramos.

«Mi sensación es que, en general, va a haber mucha judicialización debido a las ambigüedades que tiene el propio texto, así como muchas lagunas que va a tener que ir llenado el legislador en el futuro. Mientras esas lagunas no se llenen y mientras la judicialización exista, eso es un desincentivo a la inversión». Joseph Ramos Dicho eso, también nombró ciertos puntos aprobados por el pleno que podrían ser beneficiosos para la economía. «Personalmente creo que el rol del Estado estaba minimizado en la Constitución actual, ahora va en otra dirección, lo exagera, pero creo que es un punto favorable el permitir una mayor acción de parte del Estado. Ahora, creo que se pasó la mano en el sentido de preservar demasiadas cosas para el Estado, pero eso es otro punto».

En tanto, para Mauricio Villena, decano de la facultad de Economía y Empresa de la UDP, «quizás el principal riesgo para la economía chilena que el proceso constitucional está produciendo, y que posiblemente dejará como herencia, es la incertidumbre que se ha generado respecto a las reglas del juego que regulan la actividad privada en la economía, donde los derechos de propiedad están en el centro».

«Sin una clarificación de estas normas arriesgamos años de baja inversión, la cual requiere claridad institucionalidad y mayores certezas jurídicas que garanticen la estabilidad del funcionamiento de los mercados». Mauricio Villena «No sólo en términos de cómo definir el pago de futuras expropiaciones a privados por parte del Estado, sino que también sobre la propiedad de activos e insumos claves, tales como territorios, recursos mineros, recursos hídricos, propiedad industrial y sobre el rol de la actividad privada en sectores como la minería, salud y la previsión social, que tienen en alerta a muchas industrias como la agrícola, la forestal, la minera, las prestadoras de salud, las administradoras de fondos de pensión, etc», añadió.

En esa línea, continuó, «sin una clarificación de estas normas arriesgamos años de baja inversión, la cual requiere claridad institucionalidad y mayores certezas jurídicas que garanticen la estabilidad del funcionamiento de los mercados».

Tras ello, Villena expuso que, por ejemplo, en cuanto a cómo se busca regular el derecho a propiedad en el texto del borrado, el concepto de «justo precio» deja abierta la puerta a «diferentes interpretaciones y amenaza con judicializar los procesos con resultados inciertos para la y los propietarios». Tampoco, añadió, «se especifica la forma de pago, lo cual abre la puerta al uso de instrumentos financieros a plazo, como pagarés. En este caso se debería hablar de ‘pago en dinero y al contado’ para brindar mayor protección a los propietarios».

Sobre el Banco Central, también manifestó su preocupación por el hecho de que » la potencial remoción de consejeros podría afectar la independencia del Banco Central», junto con exponer sus dudas respecto a si las empresas del Estado están sujetas a las normas de libre competencia frente a los privados si habrá lugar para las Isapres o los colegios o universidades privadas en los sistemas de salud y educación propuestos.

Lo anterior, además de cuestionar el artículo que establece la reparación y restitución de tierras indígenas. ¿Qué impacto tendrá en la economía esta expropiación a privados que compraron legítimamente esos territorios y que actualmente realizan actividades productivas importantes que generan empleo y valor a la sociedad?», se preguntó Villena

«Los derechos sociales consagrados son tan amplios que se corren dos riesgos. Por un lado, hacer no implementable la promesa, con la consecuente frustración de expectativas de la ciudadanía, y por otro, no lograr su financiamiento. ¿Cuánto cuesta la nueva Constitución? No lo sabemos». Alejandro Weber Quien también manifestó una visión crítica fue Alejandro Weber , quien actualmente ejerce como decano de la facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián. «Luego de la esperanza que el 80% de los chilenos puso en una nueva Constitución, este trabajo no ha estado a la altura de la tradición republicana de nuestro país: lo que debía ser ‘la casa de todos’ se ha transformado en la casa de unos pocos», comenzó señalando.

Tras ello, sostuvo que en el borrador se observa un diseño del sistema político «deficiente, intrincado y de bordes difusos. El hecho que se establezca un Estado ‘plurinacional, regional’ genera implicancias desconocidas para el sistema de justicia y la política fiscal, por nombrar solo algunas. Si a esto sumamos un Congreso que en la práctica será unicameral y la creación de una enorme cantidad de burocracia estatal, tenemos un coctel que pone en peligro un modelo de pesos y contrapesos que toda economía sana debe tener».

» Por otra parte, los derechos sociales consagrados son tan amplios que se corren dos riesgos . Por un lado, hacer no implementable la promesa, con la consecuente frustración de expectativas de la ciudadanía, y por otro, no lograr su financiamiento. ¿Cuánto cuesta la nueva Constitución? No lo sabemos. Pero sí sabemos que para financiar mejores políticas sociales necesitamos crecer más, no aumentar los impuestos. Y este proceso no entrega ni las certezas ni la estabilidad para asegurar un mejor desarrollo para el país», agregó.

Por otra parte, destacó algunas normas aprobadas, como «el reconocimiento del desarrollo rural y territorial, el ingreso y desarrollo de los funcionarios públicos en base a mérito, y la modernización del Estado como principio», los que calificó como «aportes interesantes», pero que «no resultan suficientes para contrarrestar las deficiencias del texto».

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