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Bolsonaro prosigue su purga y cambia a los jefes de las Fuerzas Armadas

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El ministro-general “estaba incomodado con la necesidad de respaldar formalmente las actitudes del presidente Bolsonaro cuando usaba al Ejército para sus actividades políticas”, escribió en el diario O Globo el columnista Merval Pereira.

Uno de los que serán relevados, el general Pujol, dijo en una transmisión el pasado mes de noviembre que los militares “no quieren ser parte de la política” ni que “la política entre en los cuarteles”

Brasilia y Sao Paulo |

El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, siguió ayer con la purga que comenzó con el cambio de seis ministros y anunció la “sustitución” de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares de su gestión. El lunes, en un movimiento todavía no explicado oficialmente y sobre el cual Bolsonaro guarda un absoluto silencio hasta ahora, se anunciaron cambios en seis de los 23 ministerios, lo que supone casi la cuarta parte, y que incluyeron la cartera de Defensa, hasta entonces en manos del general Fernando Azevedo e Silva. La salida del general, que no se ha aclarado si fue por dimisión o destitución, generó una creciente ola de rumores que hablaban de la inminente renuncia de los jefes del Ejército, la Aviación y la Marina, en un gesto de “solidaridad” con Azevedo e Silva. Sin embargo, en una escueta nota de dos párrafos, el Ministerio de Defensa anunció que los tres jefes de las Fuerzas Armadas serán “sustituidos” y que eso fue “comunicado” en una reunión con el general Walter Braga Netto, hasta ahora ministro de la Presidencia y quien asumirá el cargo que ocupaba Azevedo e Silva. De ese modo, Bolsonaro deberá reemplazar al almirante Ilques Barbosa Junior, de la Marina; al teniente de brigada Antonio Carlos Moretti, de la Aviación, y al general Eduardo Pujol, del Ejército, con quien había tenido diversas fricciones en los últimos meses. Esas discordias fueron claras el año pasado, en momentos en que activistas de extrema derecha reclamaban una “intervención militar” para “cerrar” el Parlamento y la Corte Suprema, en unos actos que fueron alentados por Bolsonaro, quien no encontró apoyo en el Ejército. La “sustitución” de los jefes militares es algo inédito en Brasil y ocurre en un Gobierno que, paradójicamente, está presidido por un capitán de la reserva del Ejército en cuyo gabinete casi la mitad de los ministros procede del sector castrense. Todos esos movimientos se han dado en vísperas del 31 de marzo, un día importante para la ultraderecha, pues en esa fecha, en 1964, ocurrió un golpe de Estado que originó una dictadura que se prolongó durante 21 años y que Bolsonaro ha enaltecido siempre como modelo. Frágil equilibrio Los analistas estiman que se debe al descontento de los tres comandantes con la destitución al frente de la cartera del general Fernando Azevedo e Silva, reticente a los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas.

El ya exministro dijo al anunciar su salida que durante su gestión logró preservar “las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado“.

El ministro-general “estaba incomodado con la necesidad de respaldar formalmente las actitudes del presidente Bolsonaro cuando usaba al Ejército para sus actividades políticas”, escribió en el diario O Globo el columnista Merval Pereira.

Uno de los que serán relevados, el general Pujol, dijo en una transmisión el pasado mes de noviembre que los militares “no quieren ser parte de la política” ni que “la política entre en los cuarteles”.

Los nombres de los nuevos comandantes aún no fueron anunciados.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército admirador de la dictadura militar (1964-85), colocó desde su llegada al poder en enero de 2019 a militares en puestos clave del gabinete y de escalones inferiores del gobierno.

En las manifestaciones de sus partidarios suelen aparecer pancartas que reclaman un golpe militar bajo su liderazgo, para zanjar de ese modo sus conflictos con el Congreso y con la corte suprema.

Bolsonaro arengó a una multitud que reclamaba esa alternativa, el 19 de abril de 2020 en Brasilia.

La actual crisis económica y sanitaria lo obligó, sin embargo, a aliarse con partidos conservadores tradicionales (llamados el “Centrao”, o gran centro), con la mirada puesta en su posible reelección en 2022.

Los cambios responden a una doble lógica: primero porque (Bolsonaro) necesita dar espacio al “centrao”, y segundo porque se está preparando para la crisis política que podría venir y quiere estar rodeado de personas extremadamente leales, sobre todo en las Fuerzas Armadas“, valoró a la AFP el analista Oliver Stuenkel.

“No hay ruptura institucional”

El vicepresidente Hamilton Mourao, un general del Ejército, descartó que haya un riesgo de ruptura institucional en Brasil.

“Cero, puedes poner a quien quieras, no hay ruptura institucional. Las Fuerzas Armadas van a estar con la legalidad, siempre”, dijo en declaraciones al portal G1.

Los cambios en Defensa son parte de la reforma lanzada el lunes por Bolsonaro, que hace dos semanas ya nombró al cuarto ministro de Salud en un año, el cardiólogo Marcelo Queiroga, en lugar del general Eduardo Pazuello.

Bolsonaro enfrenta una presión creciente por parte de sus aliados en el Congreso, que piden cambios de rumbo en medio de su cuestionada gestión de una pandemia que ya mató a más 313.000 personas en el país, con una media semanal de más de 2.600 muertos, casi el cuádruple que a principios de año.

Además, el mandatario pierde popularidad en los sondeos, a medida que las condiciones económicas se agravan, la vacunación avanza más lentamente de lo esperado y los hospitales están al borde del colapso.

El plato fuerte la reforma de Bolsonaro del lunes fue la renuncia del canciller Ernesto Araújo, acusado de haber perjudicado la compra de vacunas contra el covid-19 por sus altercados con China y de su alineamiento con Washington durante la gestión del expresidente Donald Trump. 

Será reemplazado por Carlos Alberto Franco França, un diplomático de formación de 56 años, que fungía como funcionario de la asesoría especial de la Presidencia de la República.

También cambiaron los titulares de Justicia, de la Abogacía General de la Unión (AGU, que se ocupa de los intereses jurídicos de la federación) y de la Secretaría de la Presidencia (a cargo de las negociaciones con el Congreso).

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