Atentado contra la economía del País - EntornoInteligente
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La falta de un sistema ágil, eficiente y, sobre todo, justo de emisión de permisos impide y retrasa el surgimiento de nuevos negocios, malogra la operación y crecimiento de las empresas existentes y se convierte en un grave atentado contra el desarrollo de una economía propia y vibrante en el País.

La pesadilla que por muchos años ha vivido el inversionista local —en particular el que maneja el sector de las pequeñas y medianas empresas— describe con poderosa precisión los dañinos efectos de una recurrente política pública que se muestra orientada a negar permisos, más que a facilitarlos.

En estos momentos se atiende precisamente en la Asamblea Legislativa lo relacionado a los escollos a que se enfrentan los pequeños comerciantes con el sistema de Permiso Único, iniciativa que aunque representa un importante esfuerzo por terminar con el inconcebible esquema que obliga al solicitante a buscar hasta siete permisos en siete agencias diferentes, ha sido objeto de cuestionamientos del sector empresarial.

Pero los problemas para alcanzar y poner en vigor un adecuado sistema de permisos parecen no solo radicar en sus posibles fallas, sino también en la desconexión y la “imposibilidad” de acuerdos entre las agencias involucradas en el proceso, como son los departamentos de Salud y Hacienda, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Esa negativa de las agencias a dirigirse a un punto de encuentro salió a relucir este martes en las vistas públicas de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, cuyo presidente, el representante Víctor L. Parés, denunció que “aquí lo que hay es un problema de comunicación entre las agencias. OGPe difiere de lo que dice Salud y Salud difiere de Hacienda”.

Mientras tanto, como rehenes de la ineficiencia y de los “desacuerdos” entre componentes del gobierno quedan nuestros pequeños y medianos empresarios, quienes para sacar o renovar permisos viven verdaderos vía crucis entre una agencia y otra, cuyos sistemas informáticos no están interconectados y cuyos funcionarios no se saben comunicar entre sí.

Es injusto que como resultante de esa extensa madeja de incompetencia mantengamos por más tiempo al pequeño y mediano empresario en la incertidumbre y expuesto a una dinámica en virtud de la cual obtienen los permisos —cuando suelen conseguirlos— en forma dispersa y lenta, lo cual atenta contra su inversión.

Cuando la semana pasada la gobernadora Wanda Vázquez emitió una orden administrativa disponiendo la entrega y extensión de permisos únicos provisionales, había unos 1,200 permisos detenidos por distinta causa, la mayoría de ellos por burocracia excesiva, indiferencia y falta de compromiso gubernamental.

Y esa actitud pone en injusto compás de espera a nuestros comerciantes, muchos de los cuales terminan en quiebra desde antes de poder abrir sus negocios.

El sistema de Permiso Único debe revisarse con responsabilidad y debe hacerse tomando en cuenta no solo las argumentaciones de las agencias —preocupadas por cuánto recaudarán o no con el manejo de los permisos—, sino principalmente las propuestas que presente el sector comercial y empresarial, que ha sufrido los efectos de esta tradición de atropello y negligencia oficial en la administración de los permisos.

El comportamiento de agencias y funcionarios en este proceso revela también que el problema principal con los permisos no deriva del texto bueno o malo de una ley o reglamento, sino de una cultura gubernamental en la que impera el discrimen y el sabotaje selectivo contra el empresariado puertorriqueño.

Esa injusta realidad tiene que cambiar, aun a costa de los puestos de quienes —en un trastoque de valores— insisten desde el gobierno en practicar la injusticia como si fuera actuar con normalidad. En esto, la gobernadora tiene la palabra.

LINK ORIGINAL: El Vocero

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