Aseguradoras deben millones al gobierno - EntornoInteligente
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Vivienda informó que en los residenciales públicos de la isla se reportaron daños estimados en $436 millones debido a los huracanes Irma y María. (GFR Media) A casi dos años del huracán María , el Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Tren Urbano y hasta la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantienen decenas de instalaciones cerradas o a la espera de reparaciones porque no han cobrado sus seguros, reveló un análisis de El Nuevo Día .

Según los relatos de jefes de agencia, la espera ha sido tal que, en algunos casos, las agencias consideran demandar a las aseguradoras y en otros, ni siquiera se ha recibido una oferta del asegurador. En los peores casos, se transó la reclamación con menos de la mitad de la pérdida asegurada.

Mientras más de un centenar de reclamaciones de gobierno, según cifras oficiales, se barajan en los escritorios de ajustadores y abogados, instalaciones como el Departamento de Justicia en Miramar, escuelas en Barranquitas y Las Marías, y centros de gobierno en Naguabo y Corozal, entre otros, no han reabierto desde el azote de María a Puerto Rico.

En otros lugares como el Tren Urbano y en múltiples carreteras, escaleras y ascensores continúan inservibles o faltan letreros y semáforos que reparar.

” Estamos analizando seriamente la alternativa de demandar “, dijo a este diario Fernando Gil Enseñat , secretario del Departamento de la Vivienda, quien sostuvo que el retraso de Mapfre en pagar su reclamación afecta por partida doble a la dependencia.

“Tenemos el edificio de Miramar donde estaba el Departamento de Justicia, tengo las verjas perimetrales de muchas escuelas que se cayeron o quedaron destruidas por árboles… Tengo 14 propiedades cerradas, incluyendo cuatro escuelas que requieren nueva construcción o reemplazo total de la estructura”, explicó, por su parte, Melitza López Pimentel, directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

En total, según López Pimentel, Edificios Públicos reclamó a Triple-S Propiedad daños ascendentes a $127 millones. Su póliza de seguros cubría $90 millones.

Gil Enseñat y López Pimentel son dos de, al menos, una decena de jefes de agencia que llevan una batalla para recuperar parte o la totalidad de los daños ocasionados por la temporada ciclónica de 2017. Agencias, corporaciones públicas y municipios están obligadas por ley o reglamentación federal a comprar seguros de propiedad y contingencia, en especial, si luego se pide ayuda al gobierno federal.

Según fuentes de El Nuevo Día , a la hora de pagar reclamaciones, las agencias de gobierno son “lo último” en la lista de las aseguradoras, y ahora estas se encuentran sin alternativas. Pese a no haber cobrado sus reclamaciones, las agencias han estado obligadas a renovar sus seguros pagando hasta el triple de la prima anterior e incluso, con la misma aseguradora porque no hay otras que interesen cubrir ese riesgo.

El que menos ha cobrado

Hasta junio pasado, datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) apuntan a que agencias, corporaciones y municipios habían radicado 2,290 reclamaciones asociadas con el huracán María reclamando pérdidas por $1,198 millones. De ese universo, 1,456 reclamaciones -o seis de cada 10 reclamaciones- cerraron sin que las aseguradoras pagaran un centavo. Otras 711 reclamaciones cerraron con pagos que totalizaron $658 millones.

Según datos de la OCS, en total, dueños de hogares y vehículos de motor, comercios y agencias de gobierno reclamaron $8,248 millones a las aseguradoras por el huracán María.

En una entrevista reciente, el comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, indicó que entre las reclamaciones más cuantiosas pendientes de pago, figuran las de gobierno. Del total de pérdidas reclamadas por tipo de seguro, el gobierno ha cobrado apenas 55% versus 76% que cobraron los dueños de propiedades comerciales y y 93% que recibieron los dueños de hogares.

Los seguros de agencias y corporaciones públicas se gestionan a través de productores contratados por el Área de Seguros Públicos (ASP) del Departamento de Hacienda. Los municipios, en tanto, contratan estos profesionales directamente.

La semana pasada, El Nuevo Día reveló que, a lo largo de los años, consideraciones político partidistas, en lugar de la pericia para atender riesgos complejos, han sido determinantes en la contratación de productores de seguros por parte del gobierno. Fuentes del sector de seguros plantean que las agencias no han podido recobrar lo perdido por la poca experiencia y capacidad de los productores que servían varias de las cuentas de gobierno.

Habida que el ASP de Hacienda sería el corazón para la eventual contratación de seguros, El Nuevo Día lleva casi dos años solicitando a la agencia y los pasados secretarios Raúl Maldonado y Teresita Fuentes Marimón, un detalle de las reclamaciones de seguros gestionadas tras el paso de los huracanes Irma y María, pero nunca recibió respuesta. El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, se comprometió con este diario a hacer tal indagación.

El caso de Vivienda

“No es el daño a plena vista, también hay daños estructurales y a nivel de fundación de los edificios. No es cambiar una puerta”, sostuvo Gil Enseñat.

Vivienda ha reclamado a Mapfre unos $700 millones como resultado de daños ocasionados en unos 330 residenciales públicos y otras 70 propiedades, incluyendo su sede en Hato Rey.

El seguro de Vivienda y la AVP es el de mayor cuantía que se otorga en todo el gobierno. La póliza cubre alrededor de $1,700 millones en valores asegurados.

Gil Enseñat ofreció algunos ejemplos de las propiedades afectadas. Mencionó que hay edificios en el residencial Luis Lloréns Torres cuyos cimientos cedieron a raíz del ciclón. Prácticamente, todos los techos de los edificios multifamiliares que son hogar de miles de personas de escasos recursos se tornaron en coladeras, haciendo que el agua se abriera paso por paredes y tuberías eléctricas.

” Ha habido residenciales donde cedieron los terrenos “, relató Gil Enseñat, al agregar que la oficina regional de Vivienda en Humacao quedó destruida y los residenciales Dos Ríos y Alturas de Ciales fueron declarados pérdida total.

De acuerdo con el funcionario, el riesgo más importante para Vivienda podría tener efectos peores que una puerta sin reemplazar.

“No solo se pone en juego la vida de los residentes, la puntuación como PHA (Public Housing Administrator) puede afectarse”, explicó el funcionario, al recordar que el programa de vivienda para personas de escasos recursos en Puerto Rico es el más grande en todo Estado Unidos.

Según Gil Enseñat, como Vivienda no ha podido reparar la totalidad de los daños provocados por el desastre de 2017, ello podría afectar la clasificación de la Administración de Vivienda Pública (AVP) como administrador de este programa a nivel federal y ello podría significar menos fondos federales o penalidades que pagar.

El rol del ajustador público

“Hay un problema de actitud hacia nuestro ajustador público”, agregó Gil Enseñat, al señalar que las acciones de la aseguradora Mapfre denotan mala fe hacia la reclamación de la agencia.

Mapfre indicó que, de conformidad con su política, no haría comentarios por tratarse de reclamaciones que están “activamente trabajándose”.

Vivienda tiene por ajustador público al ingeniero Scott Favre, cuya firma con sede en Mississippi se hizo de cuatro decenas de clientes gubernamentales luego de los huracanes Irma y María. La mayor parte de los contratos a favor de Scott M. Favre, Public Adjuster LLC no tienen cuantía asignada porque la paga será una tajada porcentual del pago que haga el asegurador, pero en aquellos acuerdos en los que se adoptó una compensación específica, desde 2017 hasta el año fiscal en curso, Favre se agenció contratos por $27.2 millones.

Este diario reportó antes que la OCS ha recibido varias querellas contra Favre por supuesto fraude en la presentación de reclamaciones. La OCS indicó a este diario que la investigación contra el ajustador público no ha concluido.

En términos muy simples, un ajustador público se dedica a examinar los efectos de un evento catastrófico en una estructura con el propósito de determinar cuánto dinero se necesita para restaurarla a su estado previo al evento catastrófico. Por lo general, el ajustador público trabaja en representación del asegurado.

En el caso de Vivienda, dijo Gil Enseñat, Favre ganaría una comisión equivalente al 5% si logra recuperar para la agencia más de $300 millones de Mapfre.

Empero, al parecer, los problemas de reclamaciones de gobierno no necesariamente responden a estimados de ajustadores públicos.

Decenas de estructuras cerradas

En la AEP, el trabajo de inspección fue hecho con recursos internos -la corporación pública cuenta con ingenieros, electricistas y otros profesionales de la construcción- y en muchas de las reclamaciones, las partes incluso coinciden, pero Triple-S todavía no les paga un centavo, explicó López Pimentel.

La expectativa de López Pimentel, nombrada recientemente a la dirección ejecutiva de la AEP por la gobernadora Wanda Vázquez, es que Triple-S pague la totalidad de la póliza: $90 millones.

A preguntas de El Nuevo Día , José del Amo, presidente de Triple-S Propiedad indicó que hasta el pasado 30 de junio, la aseguradora había pagado cerca de $700 millones en reclamaciones relacionadas con los huracanes del 2017.

“Las reclamaciones pendientes, entre las que se encuentran algunas del sector público, son altamente voluminosas y complejas”, dijo Del Amo por escrito.

“Continuamos enfocados en trabajarlas (las reclamaciones) de cerca con todas las partes involucradas de modo que se logre una resolución justa y acorde con los valores y condiciones establecidas en cada póliza. Ese siempre ha sido el compromiso de Triple-S Propiedad”, indicó el ejecutivo.

Si Triple-S Propiedad pagara toda la póliza a la AEP, la dependencia todavía llevaría a cuestas otros $37 millones en pérdidas. Según López Pimentel, la brecha se ha cubierto poco a poco con ahorros presupuestarios o fondos federales, un escenario similar al que experimenta Vivienda.

La UPR, por su parte, transó su reclamación con Real Legacy ante la inminente liquidación del asegurador por parte de la OCS. En el caso de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), la agencia apenas cobró $1.5 millones de una reclamación que rondó $175 millones ante esa aseguradora.

“Carreteras no ha cobrado un centavo”, indicó, por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), cuya aseguradora ha sido Mapfre por los pasados 10 años. El DTOP reclama $47.9 millones en daños.

LINK ORIGINAL: El Nuevo Día

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