ARGENTINA: Auditoría a la justicia federal, un buen comienzo - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / La Nacion / Por una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, respaldada por numerosas y destacadas organizaciones del ámbito legal y de la sociedad civil, el Consejo de la Magistratura aprobó, a mediados del año pasado, una auditoría sobre los juzgados federales. Para que no hubiese sospechas de parcialidad, se dispuso que abarcara largos veinte años, desde 1995 hasta 2015.

Como resultado de esta auditoría, en el último plenario del año del Consejo, se aprobó dar a conocimiento público los primeros datos relevados de una investigación que jamás se había hecho antes, a raíz de un equivocado prurito, afianzado hasta hoy en la tradición judicial argentina, según el cual los jueces no pueden ser auditados y su labor sólo puede ser revisada por apelaciones o por comisión de ilícitos, por el Consejo de la Magistratura.

La lamentable realidad del fuero federal penal, que poco bueno puede exhibir desde hace varios lustros, hizo sin embargo que se impusiese la petición de realizar un adecuado control republicano de eficiencia en la gestión de las causas por delitos de corrupción, en lo que constituye un enorme avance contra el secretismo judicial que aseguraba la impunidad de muchísimos funcionarios, empresarios y magistrados.

Un grave problema es que en el Código Penal no está contemplado, ni menos aún definido el alcance de la figura de la “corrupción” en la administración pública, sino tan sólo un abanico de delitos específicos que debe ser repensado, porque la falta de adecuación a tipos penales específicos apenas sirve para demorar y dejar impunes a los corruptos: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; estafas, y otras defraudaciones al Estado son un tupido bos que sólo sirve para ocultar verdaderos elefantes del latrocinio a las arcas del Estado.

Otro obstáculo es que el funcionamiento del sistema de Justicia siempre estuvo sujeto al oscurantismo, generando la desconfianza de una sociedad hastiada por la falta de esclarecimiento de sonadas denuncias que siempre parecían quedar en la nada.

La buena noticia es que, como resultado de la auditoría, el Consejo tiene ya algunos resultados, y que pudo superar además el primer escollo planteado por el sector kirchnerista en el órgano, sorprendentemente acompañado en un principio por los jueces, que invocando la existencia de nombres de imputados sin condena, arguyeron que debía mantenerse el secreto de los resultados de la auditoría hasta depurar esos datos.

La información hecha pública no está completa, y antes de lograr conclusiones debe ser procesada y aprobada. Según datos preliminares, habría en trámite unas 2000 causas por corrupción en todo el país, en tanto que a lo largo de las dos décadas del informe se tramitaron otras 4000.

La percepción generalizada y la cortísima lista de condenados indican claramente que la lucha contra la corrupción no llegó aún a la Justicia y quizás esto se deba en parte a que las causas se tramitan, pero no permiten encontrar culpables, se frustran por prescripción o bien por veloces sobreseimientos. Se trata entonces de que esa tramitación ineficiente, lenta o sospechosamente veloz pueda ser evaluada y eventualmente generar las responsabilidades.

Es imprescindible que la Justicia también esté sometida a controles, obviamente serios, con el debido resguardo de que éstos no constituyan presiones ilegítimas contra la independencia judicial. También es necesario conocer el universo completo de procesos por corrupción, su trámite y sus resultados, para poder saber si nuestra Justicia es comparable con la de otros países, o si realmente la Argentina, como gran parte de la ciudadanía está convencida, es un país con funcionarios y cómplices impunes. De confirmarse esta hipótesis, resulta imperioso determinar las causas y remover a los responsables. Debemos dejar de aceptar chicanas y excusas que sólo se basan en argumentos corporativos que, como ocurrió en otros sectores de la actividad nacional, nos han convertido en el único país que no crece desde hace décadas.

Es imperiosamente necesario que nuestros magistrados vuelvan a ser jueces de la ley y no jueces del poder. Será también una manera de reivindicar la imagen de la enorme cantidad de jueces probos que hoy caen injustamente en la sospecha generalizada sobre la mala actuación del Poder Judicial.

La impunidad y la ineficiencia deben terminar de una buena vez y para siempre. De lo contrario, no tendremos destino como nación. En ese camino, los primeros resultados de la auditoría son un auspicioso comienzo.

LA NACION Opinión Editorial ARGENTINA: Auditoría a la justicia federal, un buen comienzo

Con Información de La Nacion

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