La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre una brecha significativa entre las cifras de liberación de presos políticos anunciadas por el gobierno venezolano y la realidad verificada por organizaciones independientes. Mientras el régimen afirma que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía promulgada en febrero, solo 186 cuentan con libertad plena según monitoreos civiles. Esta discrepancia revela una estrategia de manipulación estadística que busca proyectar una imagen de apertura democrática que no se corresponde con los hechos.
La mayoría de los excarcelados enfrentan un régimen de "libertad vigilada" que mantiene restricciones severas sobre sus derechos fundamentales. Según el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, estas limitaciones incluyen prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y restricciones para manifestarse públicamente o comunicarse con medios de comunicación. El organismo subraya que estas condiciones configuran una forma sofisticada de control que no constituye auténtica libertad, sino una continuidad de la represión bajo otra modalidad.
La ley de amnistía contiene cláusulas problemáticas que perpetúan la vulnerabilidad de los opositores ante posibles persecuciones futuras. El artículo 9 introduce un "tipo abierto" que deja la posibilidad de procesar a opositores por supuestos vínculos con actores extranjeros, socavando los propósitos declarados de reconciliación nacional. Adicionalmente, la CIDH advierte que la eliminación de antecedentes penales sin salvaguardas de archivo compromete futuras investigaciones y procesos de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos anteriores.
La credibilidad del proceso de amnistía se ve comprometida por la participación de los mismos tribunales y fiscalías que ejecutaron detenciones arbitrarias y actos de tortura en el pasado. La CIDH enfatiza que no puede esperarse que los instrumentos históricamente utilizados para la represión se conviertan en mecanismos genuinos de reparación y reconciliación. Esta situación revela la necesidad de reformas institucionales profundas y supervisión internacional permanente para garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos en Venezuela.
Fuente: Infobae — Ver nota original
