Alberto Ignacio Ardila piloto megejo licencija kaina// ¿Minería a cualquier precio? - EntornoInteligente

Entornointeligente.com / El presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, lleva 14 años trabajando en el sector y no fue capaz, cuando este Diario se lo preguntó, de nombrar un solo ejemplo de minería responsable que opere en una zona de recarga hídrica. Sin embargo, algunos de los proyectos mineros que impulsa el Gobierno se encuentran en páramos andinos, que son, precisamente, eso: zonas de recarga hídrica. Todo el territorio sobre el límite de los bosques y por debajo de las nieves eternas es una esponja, una fábrica de agua cuyo caudal sostenido alimenta los ríos de la Costa y la Amazonía. Un ecosistema fragilísimo y único sin antecedentes mineros conocidos.

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Las compañías prometen usar tecnología de punta que garantice el menor impacto. Una pericia independiente sobre Kimsacocha y Río Blanco, elaborada por James Kuipers, de la Universidad de Colorado, las desmiente. Sostiene que las técnicas de extracción proyectadas son “convencionales”. Y que el impacto (en la hidrología y en la topología) es impredecible. Habla de “drenaje ácido”. Habla de “descargas de arsénico”. Habla de “riesgo ambiental considerable”. Considera la riqueza de las minas, las fluctuaciones del precio de los metales y concluye que, de adoptarse medidas de mitigación estrictas, las minas no serán rentables. Es decir: solo lo serán a costa del equilibrio ambiental.

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Pero el Estado no escucha razones. Hay una perversa puerta giratoria instalada entre las empresas mineras y los organismos a cargo de las políticas públicas en el sector. El mismo presidente de la Cámara de Minería, representante de Lucky Minerals, fue presidente del Enami, la empresa pública minera en tiempos del correísmo. El gerente del proyecto Río Blanco, en los páramos del cantón Cuenca, fue subgerente de la empresa pública de agua potable de esa ciudad. En el sector petrolero, esa puerta giratoria es también la norma. Un conflicto de intereses que ayuda a comprender la laxitud del control ambiental ejercido por el Estado. Laxitud que bordea la negligencia, cuando no la directa complicidad, según se desprende de los informes emitidos por la Contraloría sobre los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor, hoy en avanzado estado de desarrollo. Los hallazgos de Contraloría en la zona de Mirador son abrumadores: estudios de impacto sin monitoreo de flora y fauna; instalaciones para el tratamiento de aguas residuales sin mantenimiento; desbroce de vegetación sin cumplir los protocolos sobre disposición final de residuos; uso de equipos pesados de perforación cuya compatibilidad con el ambiente no fue evaluada; piscinas de lodos residuales que no son sometidas a inspección; desechos contaminantes (aceites y lubricantes usados, sobre todo) que son eliminados de formas no registradas… Peor aún: el gobierno ecuatoriano ratificó las concesiones de Curingen, donde se ha llegado a contar hasta 224 fuentes de agua. Y 1.447 hectáreas del proyecto Mirador ocupan el bosque protector de la cordillera de El Cóndor, patrimonio forestal de la nación, lo cual se justificó falseando mapas y modificando coordenadas. Demoledores fueron los informes de Contraloría de 2012 y 2015. Pero los proyectos no pararon.

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El Estado no ha cumplido su papel de control y protección. Ha actuado siempre bajo la urgencia de obtener nuevas fuentes de divisas. Pero hay cosas, aun para un país en crisis, más importantes que el dinero. El agua lo es. Lo es el equilibrio de ecosistemas frágiles de los cuales dependen los ciclos hidrológicos de tres regiones. Cuando se trata de zonas de recarga hídrica, lo más responsable de la minería responsable es no hacerla.

Alberto Ignacio Ardila

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